18 mar 2013

¿Qué pasará si la justicia dictamina que existe lucro?

La pregunta no es un ejercicio meramente académico. Refiriéndose a las denuncias de lucro en la Uniacc y la Universidad Santo Tomás –préstamos a empresas relacionadas sin intereses ni reajustes- el fiscal Carlos Gajardo, que lleva el caso lucro, declaró a El Mostrador, el pasado 15 de enero, que “es muy sospechoso, nadie presta dinero sin interés”.

La ley establece que las universidades privadas deben ser entidades sin fines de lucro, condición que se explicita en los estatutos de cada una de ellas. En consecuencia, si se prueba que alguna universidad –estrictamente sus socios o controladores- han incurrido en lucro, se verificaría un incumplimiento de sus objetivos estatutarios, primera condición por la cual, según la ley, se debe cancelar su personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial a una universidad. ¿Habrá pensado el Ministro Beyer en que hará si, como creo que ocurrirá, la justicia dictamina que existe lucro en una o varias universidades?

No pocas personas creen que en la investigación que lleva la fiscalía oriente en torno al caso de Eugenio Díaz se develará si existe o no lucro en algunas universidades. Ello no es así pues los imputados en este caso lo están por cohecho y negociación incompatible. Esta investigación se inició el 19 de enero de 2012 luego que el Contralor General, don Ramiro Mendoza, trasladó a la fiscalía oriente los antecedentes que yo le había entregado el 6 de enero, específicamente el contrato firmado entre una empresa de Eugenio Díaz y el entonces rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga.

Pero existe, además, otra investigación que también es llevada por la fiscalía oriente. El 20 de junio de 2012, los diputados Alejandra Sepúlveda, Cristina Girardi, Mario Venegas y Raúl González, integrantes de la comisión que investigaba el lucro, se reunieron con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán. Terminada la reunión el Fiscal declaró que “se ha hecho formalmente una denuncia criminal y como toda denuncia la fiscalía tiene que investigarla con un afán claro y dilucidar si existe un delito penal o no existe delito penal. Lo que sí está claro es que se va a investigar acuciosamente“.

Finalmente, a principios de julio, el caso quedó radicado en la fiscalía oriente y a cargo de los mismo fiscales que llevaban el caso Eugenio Díaz, lo que debe estar en el origen de la confusión.

En el caso Díaz, el 24 de noviembre -10 meses después de iniciada la investigación- fueron detenidos Eugenio Díaz Corvalán, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, y los ex rectores de la Universidad el Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Ángel Maulen. Si la investigación del caso lucro se ha desarrollado en plazos semejantes, a partir de mayo próximo debería haber novedades.

El Ministro Beyer ha declarado, insistentemente que, en caso de probarse la existencia de lucro en una universidad, no tendría otra alternativa que iniciar el proceso de cancelación de su personalidad jurídica, es decir el cierre de la universidad infractora.

Después de la traumática experiencia vivida por los alumnos, docentes y funcionarios administrativos de la Universidad del Mar –cuyo cierre no se produjo a causa del lucro sino que de su deteriorada situación financiera y baja calidad académica- nadie en su sano juicio podría desear que esta situación se repitiera en otras universidades, menos aún si en ellas la calidad académica no está, por ahora, cuestionada.

En mi opinión, la actitud del Ministro Beyer ha sido en esto sumamente irresponsable.Sentarse a esperar que la justicia dictamine que algunas universidades lucran –y podrían ser varias- no teniendo otra salida que la cancelación de su personalidad jurídica es demencial. Pero, contrariamente a lo que, majaderamente, afirma el Ministro Beyer, el gobierno sí tiene otro camino que, al parecer, no desea transitar.

Una posible solución es que el gobierno, previo acuerdo con la oposición –para que nadie page el costo político- envíe un proyecto de ley, con suma urgencia, que contenga los siguientes conceptos.

1. Se defina el lucro como cualquier beneficio económico que perciban los socios y sus parientes hasta un cierto grado, directa o indirectamente, por sí mismos o por medio de sus empresas, a expensas de la universidad.

2. Se prohíba, explícitamente, cualquier transacción con terceros relacionados.

3. Se otorgue un plazo perentorio, pero razonable, a las universidades privadas para que terminen con sus actuales transacciones relacionadas.

4. Se establezca que cualquier contravención a esta ley se entenderá como un delito de quienes administran las universidades y de los terceros relacionados que se beneficien con ello.

5. Se establezca que, como consecuencia de lo anterior, el delito de lucro no será causal de cancelación de la personalidad jurídica de la universidad infractora.

6. Se establezcan las figuras penales correspondientes y las penas asociadas a cada una de ellas.

7. Se radique el control del cumplimiento de la ley en algún organismo ya existente mientras se aprueba la ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, como por ejemplo la Superintendencia de Valores y Seguros.

Es claro que una ley como la propuesta no podría tener efecto retroactivo, por lo que ella no impediría que la investigación en curso se lleve a término, lo que desde luego considero imprescindible. El único beneficio es que, si se promulga antes de que la justicia dictamine la existencia de lucro en alguna universidad, no será necesario cancelarle su personalidad jurídica.

Por cierto que con esta ley es posible que quienes, en el pasado, han lucrado con las universidades no reciban más sanciones que las que el actual marco jurídico permite el cual pareciera ser limitado. Muchos desearíamos que estas personas fuesen penalizadas y devolvieran los dineros mal habidos pero, a veces, lo mejor es enemigo de lo bueno.

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