La aprobación de la Reforma Tributaria en seis meses constituye un logro para el Gobierno, que le permite cumplir sus principales objetivos: financiamiento para su programa, especialmente las políticas sociales, a lo cual se ha agregado la realización de algunas iniciativas reactivadoras -concentradas en obras de infraestructura- y mejorar en parte la distribución del ingreso, imponiendo la mayor carga a los segmentos de más altas rentas.
Sin embargo, y debido a- las permanentes críticas de la Derecha, los grandes gremios empresariales y los economistas neoliberales, han quedado una serie de aspectos pendientes que es necesario mejorar en el futuro.
Principales críticas
Aparte de la imputación que la Reforma gravaba principalmente a la clase media y las PYMES, se señaló que ella generaría un clima de incertidumbre en el sector económico que afectaría el crecimiento y que ese efecto ya se había empezado a reflejar con la elección de la Presidenta Bachelet. Pese a ser conocido por todos que este freno comenzó durante el 2013 fruto de la evolución normal del ciclo productivo.
Otro reparo apuntaba a que la Reforma reduciría seriamente la inversión y, por ende, el crecimiento y el empleo. Si esto fuese así, las afectadas serían las grandes empresas y ello tendría efecto básicamente sobre la acumulación de capital de largo plazo. Sin embargo, los cambios tendrían dos consecuencias positivas.
I) Los recursos de la mayor tributación se destinarán básicamente al gasto fiscal en educación, salud y obras públicas y no a consumo gubernamental.
II) Estos programas sociales implican un esfuerzo por reducir la gran desigualdad existente en Chile, lo cual reduce el clima de tensión ciudadana, principal requisito para la inversión empresarial y el crecimiento.
Otro frente de objeciones provino de la propia Nueva Mayoría y se basó principalmente en la celeridad con que el Gobierno tramitó la Reforma. Ello se pudo deber al deseo de presentar el proyecto aprobado antes del Mensaje del 21 de mayo, como también a la necesidad de dejar atrás prontamente el clima de incertidumbre existente.
Logros importantes
a) Celeridad de su aprobación, lo que autorizó al Ejecutivo para presionar a la Derecha y al empresariado para lograr un acuerdo que, por las características del proyecto, implicó su aceptación a las líneas matrices, lo cual da estabilidad en el tiempo a lo pactado.
b) Obtención de recursos para financiar las políticas sociales (en régimen la Reforma recaudará alrededor del 3% del PIB).
c) Incremento del impuesto a la renta de 2ª categoría que grava a las utilidades de las empresas, que suben desde el 20% al 27%, en forma creciente durante los próximos años.
d) Eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), que constituye una de las fuentes principales de elusión.
e) Aumento de atribuciones otorgadas al Servicio de Impuestos Internos para actuar con eficiencia, complementados por refuerzos en la misma dirección para la Tesorería General y el Servicio de Aduanas.
f) Supresión y reducción de algunas normas y ventajas injustificadas que son utilizadas para eludir impuestos o diferir su pago en el tiempo.
g) Aprobación o mejoría de los denominados “impuestos verdes”, que buscan desalentar el consumo de una serie de bienes que afectan básicamente la salud de las personas, incrementando también los gravámenes hacia quienes generan externalidades negativas, como es el caso de los vehículos motorizados y combustibles.
Lo que faltó
El aspecto más cuestionable de la Reforma se encuentra en la aprobación de dos sistemas tributarios alternativos que se admitieron en la fase del acuerdo con la oposición, lo cual introduce varios inconvenientes, partiendo por la falta de claridad sobre cuál de ellos tendrá mayor importancia y a quién perjudicará menos.
Otro tema complejo de superar fue la idea (generada por la acusación de la Derecha) que los principales perjudicados con la iniciativa serían la clase media y las PYMES. Tal como lo señalan las encuestas de opinión pública, en esta materia la estrategia comunicacional del Ejecutivo fue desacertada y no pudo establecer que, en su esencia, los principales perjudicados serían los segmentos de mayores ingresos del país.
A ello se suma el cuestionamiento a la reducción de la tasa marginal del Global Complementario desde el 40 al 35%, ya que es el gravamen personal que tiene carácter progresivo.
También se critica la aprobación inesperada de una franquicia para repatriar fondos invertidos en el exterior, con una tasa relativamente baja; cabe destacar que esta propuesta fue aprobada, pero con el voto contrario de numerosos parlamentarios, entre ellos la mayoría de los diputados de la DC.
Además, la negociación con la Oposición trajo consigo transar en algunos aspectos que eran importantes para mejorar la progresividad, como son: las rentas presuntas aplicables a la Agricultura, la Minería y el Transporte y que facilitaban el menor pago de impuestos; las ventajas impositivas que favorecen a la actividad de la Construcción y el no incremento del tributo de timbres y estampillas que grava las operaciones de crédito.
Todo ello, aún sin considerar una serie de aspectos pendientes que es necesario mejorar en el futuro: revisión de la normativa del “royalty” y algunas ventajas tributarias que favorecen a sectores de altos ingresos, como la exención del IVA a los gastos en educación y salud, una modificación “políticamente incorrecta”, porque los segmentos de menores ingresos no acuden a clínicas ni a colegios pagados. Algo similar ocurre con algunas franquicias regionales que persisten a pesar que sus beneficios son más aparentes que reales.
Haciendo un balance de los objetivos logrados y los temas pendientes, sin lugar a dudas que el nuevo sistema tributario es mejor que lo que teníamos antes de esta Reforma.
Sin embargo, quedan una serie de aspectos pendientes que deberán esperar bastante tiempo porque cambios de esta naturaleza no se hacen con frecuencia. Así, como lo señaló Claudio Agostini, “perdimos la oportunidad de avanzar en forma significativa a un sistema tributario más eficiente, más simple y más justo”.
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