La mayoría de los chilenos expresa su descontento, frustración y desánimo en relación con el actual sistema de pensiones. Son de público conocimiento –y en una columna anterior nos referimos a ellos- los factores que han generado el estado actual de la situación. Sin embargo, es posible que si se desea mantener el sistema de capitalización individual, habrá que efectuar varias transformaciones de fondo que lo hagan más equitativo y eficiente.
El primer aspecto es que las AFP se limiten a actuar solamente como lo indica su denominación, administrar los fondos de pensiones en forma competitiva.
En el presente, los riesgos de la actividad están asignados a los fondos mismos, quienes asumen los beneficios y costos propios de los vaivenes de los mercados financieros, mientras los resultados de las administradoras dependen de elementos enteramente diferentes, en buena medida referidos al nivel de las comisiones que cobran por la operación de las cuentas.
Eso explica que en momentos de crisis financiera los ahorros de los imponentes puedan sufrir pérdidas y las AFP mantengan sus ganancias; lo propio puede ocurrir en las bonanzas, en que los fondos se incrementen gracias a las buenas rentabilidades de las inversiones financieras, sin que ello se refleje en los resultados de las administradoras.
Si bien las AFP tienen importantes economías de escala en su funcionamiento, lo cual hace difícil la incorporación de nuevas entidades y sí favorece la tendencia a la concentración a través de fusiones y adquisiciones, los gobiernos no han evitado con dureza la disminución de la competencia.
Solamente, en los últimos años se ha promovido la incorporación de otros actores al mercado, a través del proceso de licitación de nuevas carteras. Este mecanismo podría agilizarse licitando nuevas o antiguas carteras de imponentes, justificado por la existencia de elementos no competitivos en el mercado, reflejado en que las antiguas administradoras no han reducido significativamente el nivel de las comisiones, que se suponía debiera haber ocurrido si existiera un comportamiento competitivo. En esta dirección le corresponde una acción importante a la Fiscalía Nacional Económica.
Relacionado con lo anterior es la creación de una AFP estatal. Si bien es una medida que no constituye una alteración de fondo al sistema, introduciría un elemento adicional para mejorar la competencia, especialmente porque estaría sometida a la misma norma que las otras administradoras.
La decidida oposición que se ha observado de parte de la Derecha y de algunos intereses empresariales, refleja que puede causar temores a los actuales aseguradores que concentran la actividad, así como la importancia ideológica que tiene la mera propuesta de crear una nueva empresa estatal. De aprobarse la creación, quien está en mejores condiciones para llevarla a cabo sería una filial del BancoEstado, quien ya tiene destreza en la operación de entidades financieras.
Una de las reformas más importantes dice relación con la desmedida concentración del poder en la sociedad chilena, que se agrega a similar tendencia en los patrimonios.
La propiedad de los fondos de inversión es de los imponentes que depositan sus ahorros.Sin embargo, cuando es necesario designar directores en las sociedades anónimas en que hay participación accionaria de los fondos, quienes adoptan las decisiones que corresponden a la junta de accionistas son las AFP, las cuales hacen uso libremente de este privilegio, incluso actuando cartelizadas.
La propuesta es muy simple, entregar esta atribución a un ente distinto, que designe a los directores que corresponda al o los fondos, por ejemplo, la Alta Dirección Pública o un organismo similar.
Otro punto es derogar el Ahorro Previsional Voluntario (APV), pues no se justifica otorgar esta franquicia a segmentos de altos ingresos del país, ya que se trata de créditos de largo plazo a 0% de interés que otorga el Fisco a los depositantes, mediante la deducción tributaria.
Además, permite trasladar el pago del impuesto progresivo a la renta desde el presente con una probable alta tasa marginal que resultaría inferior en el momento del retiro, cuando los ingresos tengan una reducción y la afecte una menor tasa de impuesto.
Se podrá argumentar que esta medida reduciría el ahorro personal al no existir el estímulo, lo cual sería efectivo, pero hay que considerar que en la actualidad el mecanismo está siendo utilizado en gran medida para meros traspasos que de todas formas se harían sin los beneficios tributarios señalados.
Se hace necesario también, modificar el régimen de pensiones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que están favorecidos con un sistema preferente, de reparto especial, financiado en gran medida por el Fisco, bajo el argumento que sus carreras profesionales los obligan a un temprano retiro de la actividad. Sin embargo, argumentos similares podrían esgrimirse en varios casos, como son algunas especialidades artísticas y del deporte.
Es fundamental además,regularizar el régimen laboral y previsional de los trabajadores del Sector Público, que en la actualidad presenta una situación caótica, segmentada y con serias desigualdades que se han ido agravando con el tiempo. El mejor ejemplo es la separación entre el personal de planta, a contrata y a honorarios.
También se ha mencionado la eventualidad de prohibir las inversiones de fondos previsionales en el exterior y limitarlos a ser utilizados solamente en el país. El argumento es que de esa manera se fomentaría la inversión nacional. Sin embargo, constituiría una limitación a la obtención de una mayor rentabilidad de los fondos de los futuros pensionados.
Se ha señalado además, que esta canalización de recursos de corto plazo hacia el exterior genera inestabilidad en el tipo de cambio por su efecto contracíclico. Sin embargo, este es un tema que le corresponde enfrentar al Banco Central, a cargo de las políticas y normas que rigen el control externo de los capitales de corto plazo.
Es evidente la urgencia por modificaciones al actual sistema de pensiones para lograr, como resultado primordial, una mejoría significativa de las pensiones de los sectores más desvalidos del país y una menor distancia respecto a las últimas remuneraciones de los imponentes.
Estas medidas, podrían ofrecer una alternativa para comenzar a cerrar brechas, en tanto el Estado estudia, proyecta y ejecuta un plan para realizar los cambios de fondo que se requieren.
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