La airada y casi explosiva reacción del Presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, a la eliminación por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de normas que permitían alzas unilaterales y cobros abusivos en líneas de crédito y ahorro, demuestra el convencimiento de la banca chilena de que el sector financiero es intocable, incluso por la propia justicia.
Los recientes fallos de la Corte Suprema contra La Polar, primero, y luego Cencosud, por aumentos unilaterales de comisiones y la demanda de Conadecus, que luego de ocho años obligó al BancoEstado a pagar $5.675 millones a 500 mil ahorrantes por cobro indebido de comisiones en cuentas de ahorro a la vista, no sólo sienta jurisprudencia para nuevos casos: puso en el centro del debate los derechos de los consumidores y evidenció el abuso del retail y, ahora, de los bancos.
Al retail y el sistema financiero ya no les bastará con la “aceptación tácita” de los consumidores de alzas en cobros por comisiones, como bien lo entendió Falabella al cancelar el alza unilateral de comisiones por mantención de su tarjeta CMR que ya había anunciado.
Comparando el sistema de pago chileno con “una joyita que la voy a cuidar siempre”, el demócrata cristiano que representa los intereses de los banqueros en la Asociación de Bancos se arrojó atribuciones que olvidan su rol de regulado, frente a la autoridad reguladora, al afirmar que “no voy a aceptar que medidas irresponsables en un momento determinado la pongan en juego”. Y el resto de sus colegas denuncian “un ambiente en contra de la banca” y hasta intentos de fijación de precios por parte de la Superintendencia.
La “joyita” a la que se refiere tan intensamente Awad está valorizada en más de US$3.352 millones, que fueron las utilidades de la banca del año 2012, lideradas por el Banco de Chile (uno de los bancos que más se demoró en pagar la deuda subordinada al Estado) y el Santander, la institución financiera más grande del sistema que actualmente enfrenta una demanda colectiva en su contra por estafa en la rebaja en el pago de dividendos.
El actual cuestionamiento ciudadano a las bases del modelo económico y político que se implantó a la fuerza en dictadura con las reformas estructurales que liberalizaron la economía, el mercado del trabajo, la previsión, la estructura tributaria, finalmente llegó a los pies del sistema financiero que ha logrado bancarizar al país, pero a un costo social altísimo.
Claro, los chilenos y chilenas hoy pueden acceder a bienes y servicios a través de créditos de una industria en competencia, pero sometiéndose a un mercado poco transparente de reglas del juego, donde hasta antes de los fallos de la Corte Suprema condenando los cobros unilaterales, sólo les quedaba aceptar.
Pero el acceso al crédito es profundamente desigual: mientras es restringido para pymes (que son las que generan 80% de la fuerza de trabajo en el país) y, más aún, para los microempresarios y particularmente para las mujeres que trabajan por cuenta propia, para los bancos no hay restricciones.
Ello quedó demostrado cuando Jaime Estévez era Presidente del ahora cuestionado BancoEstado y permitió un préstamo por US$120 millones al Banco de Chile, institución a la cual se integró posteriormente como parte de su directorio.
Asimismo, mientras el Banco Central le cobra a los bancos un 5% de interés por los créditos, éstos castigan a los usuarios, con tasas seis y hasta siete veces mayores.
Legalización de la usura
El aumento del acceso al crédito fue bajo el alero de una legislación (ley 18010) que legalizó la usura y que sigue permitiendo el cobro de intereses sobre intereses por cuota vencida.
Hasta la promulgación de la ley que regula las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero en 1981, la usura era ilegal.
En su artículo 9, la ley expresamente señala que “podrá estipularse el pago de intereses sobre intereses, capitalizándolos en cada vencimiento o renovación”, consolidando el anatocismo, cláusula en que las partes convienen en que los intereses atrasados produzcan nuevos intereses.
Por ello, ya puestos en la agenda los derechos de los consumidores, el nuevo paso debiera ser instalar los derechos de los deudores a no ser gravados con intereses usureros, que obligan a pagar varias veces el bien o servicio adquirido, reformando la ley 18.010.
Frente a la arremetida de la banca, habrá que estar atentos/as a que -como ha ocurrido en industrias como la de las Isapres- un fallo judicial a favor de los usuarios finalmente no termine castigándolos a ellos mismos, dado que su cumplimiento (solicitar renovación de aceptación explícita de los clientes) pueda justificar nuevas alzas argumentando aumento de costos de administración.
Es el momento de poner mayor equidad en la relación entre clientes y compañías, y que los regulados entiendan que deben adecuarse al alero de la regulación. Es de esperar que el nuevo Sernac Financiero esté a la altura.