Ha pasado un nuevo 1° de mayo, el último bajo el actual Gobierno. La CUT y otras organizaciones, a través de marchas y actos en todo el país, reiteraron sus reivindicaciones que apuntan, esencialmente, a un nuevo Código del Trabajo que avance en sindicalización y negociación colectiva. Además, de una mejor fiscalización y una reforma previsional.
Por su parte, el Gobierno, en cadena nacional, reiteró su ya conocida satisfacción por las cifras en materia de empleo y anunció una serie de proyectos vinculados al ámbito laboral, ninguno de ellos de gran significación ni que apunten hacia las demandas de los trabajadores.
Tratándose del último 1° de mayo del actual Gobierno, ello permite realizar un balance de lo efectuado, constatándose una gestión pobre, llena de autocomplacencia por unas cifras que resultan bastante cuestionables.
Veamos. Reiteradamente se señala que se han generado 800 mil nuevos empleos, pero no se detalla la manera en que se calculan, ni se hace mención a la calidad de éstos.
Digamos las cosas como son. Igual que en el caso de la medición de la pobreza o la seguridad ciudadana, en el caso de la cesantía, se alteró la metodología del cálculo.
Según la nueva forma de medir el desempleo, ahora basta con trabajar una hora a la semana para considerarse empleado.Evidentemente, ello mejora muchísimo las cifras.
Asimismo, se ha constatado que gran parte de los puestos creados son informales o tercerizados y, por tanto, de muy baja calidad, con desprotección y bajas remuneraciones.
Entre los aspectos deficitarios de la actual gestión está el incumplimiento de promesas claves, que han afectado el mejoramiento de las remuneraciones, como son la extensión de la negociación colectiva y el multirut.
El Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera decía textualmente: “Se revisará la legislación para eliminar las actuales restricciones que dificultan que un mayor número de trabajadores negocie colectivamente. Se propondrá una solución eficaz para evitar las malas prácticas que distorsionan el concepto de empresa.” Nada de eso ha ocurrido.
Más aún, en el curso de su gestión, el actual Gobierno adquirió un nuevo compromiso, avanzar en la prevención de accidentes y seguridad en el trabajo.Pese a los emotivos discursos pronunciados con motivo del rescate de los mineros en Copiapó, los proyectos de ley para fortalecer la fiscalización y sancionar a los empleadores que incumplen la normativa arriesgando a sus operarios, nunca llegaron. Sólo se enviaron las reformas institucionales.
Ha quedado claro que en este Gobierno no habrá nuevos avances. Las expectativas, entonces, están puestas en lo que ocurrirá en noviembre próximo. Esperamos contar con una nueva Presidenta y parlamentarios comprometidos decididamente con un nuevo Código del Trabajo.
Allí se deben incluir los temas más sentidos por los trabajadores y que apuntan, especialmente, a mejorar la distribución de los ingresos, como la sindicalización, la huelga, la negociación colectiva y reparto de gratificaciones, el fin del multirut y el fortalecimiento de la fiscalización.
Asimismo, debemos impulsar una profunda reforma previsional, que termine con este sistema de AFP que está condenando a los chilenos a la pobreza en su vejez y enriqueciendo cada vez más a los dueños de las AFP.