Las principales empresas encargadas de proveer el servicio no cumplen con su función más básica: dar agua potable en óptimas condiciones cuando no hay carencia de ese elemento. La turbiedad que pueda haber en las fuentes es parte primera de lo que las compañías deben atender, incluso cuando las condiciones fueren mucho peores a las normales.
A su vez, el Gobierno tampoco ha cumplido y no las ha obligado a realizar las mantenciones indispensables para que habiendo agua no haya desabastecimiento. El Poder Ejecutivo tiene las atribuciones para hacerlo y que no las ejerza produce nefastos efectos en la población.
La situación que hemos vivido por tercera vez en las últimas semanas sólo denota que no hay un efectivo interés en que se dé la atención que los ciudadanos de las Regiones Quinta y Metropolitana necesitamos. Que las empresas sólo tienen interés en el incremento de sus utilidades y que el Gobierno privilegia su relación con ellas más que en la protección de los habitantes.
No se ve otra explicación a lo que ha ocurrido.
Lo dicho por unos y otros es insostenible. Aguas Andinas y ESVAL nos señalan que debido a la muy alta turbiedad debieron cerrar sus plantas de tratamiento, dándose la paradoja de que habiendo agua, y mucha, las empresas encargadas de procesarla se declaran ineficientes, cuando precisamente su principal función es la de purificar ese elemento y hacerlo llegar en condiciones potables a los vecinos.
Y el Gobierno destaca que ahora han actuado bien, o al menos mejor que la vez anterior, porque Aguas Andinas anunció anticipadamente que cortaría el suministro.
Pero ninguno se hace cargo de lo más grave, del origen del problema y es que ESVAL y Aguas Andinas no están en condiciones de prestar el servicio al que se comprometieron y que si vuelve a llover en los próximos días nuevamente se cortará el agua potable en ambas Regiones y que en invierno esta situación puede pasar a ser gravísima.
Tampoco se ofrece el resarcimiento indispensable: ni las empresas anuncian descuentos en sus precios por la falta de atención, ni el Gobierno les exige que cumplan con su obligación de dar un buen servicio. Por el contrario, el ministerio de Obras Públicas felicita porque se anunció que se dejaría de prestar el servicio al que están obligadas.
Igualmente, ni el Gobierno ni las empresas se hacen cargo de las actividades culturales, comerciales, deportivas, etc. que debieron suspenderse y que privaron a sus protagonistas, clientes y público de sus justas ganancias y del espectáculo que esperaban.
El tema de la carencia de agua potable en las Regiones de Valparaíso y Metropolitana ha sido abordado como un problema comunicacional y no en los términos profundos que corresponden.
El Gobierno debe exigir – y para ello cuenta con las herramientas adecuadas , si no las usa seguirá en su desidia en esta materia – que tanto ESVAL como Aguas Andinas deben hacer urgentemente las mantenciones de sus plantas captadoras de agua y realizar las inversiones acordes a los niveles tecnológicos hoy día existentes, para que no falte agua potable en las casas de los vecinos, existiendo agua suficiente para ser suministrada.