Los chilenos hemos observado con irresponsable indiferencia durante los últimos dos años, como prácticamente en cada mes un nuevo proyecto de generación eléctrica enfrenta su paralización transitoria o definitiva.
En la actualidad, conforme a la excelente información generada por la Corporación de Bienes de Capital, CBC, existen 24 proyectos eléctricos afectados, sea por motivos judiciales, por conflictos con las comunidades aledañas o por dificultades en la aprobación de sus Estudios de Impacto Ambiental, sin considerar uno que abortó definitivamente por mera decisión presidencial.
Estos 24 proyectos poseen un potencial de generación de 12,4 GW e involucran una inversión de US$ 22 mil millones, Ellos incluyen centrales hidroeléctricas en Aysén, Alto Maipo, Panguiplli y Futrono, centrales termoeléctricas entre Parinacota y Arauco y parques eólicos en Lebu, y Ancud.
Para dimensionar la gravedad de esta situación, se debe tener presente que las proyecciones de crecimiento de la demanda eléctrica, indican que esta aumentará de 17 GW en la actualidad a 29 GW el 2020, lo que sólo podría satisfacerse si todos los proyectos de generación, sin excepción, que actualmente enfrentan dificultades que no son ni técnicas, ni financieras, se llevan a cabo.
Si esto no ocurre, terminaremos la presente década con un desarrollo afectado negativamente por la falta de energía. Más aún, los primeros efectos de esta insuficiencia eléctrica a que nos acercamos indefectiblemente, se harán presentes a partir del 2015, en sólo 3 años más, pues es claro que antes de esa fecha no entrará en operación ningún nueva central importante que no esté actualmente en construcción.
El problema se arrastra desde hace un largo tiempo, pues en los pasados 15 años sólo se construyeron nuevas centrales con potencia de 9,5 GW en total. Las estadísticas de la CBC registran la ejecución en ese período de 90 proyectos de generación eléctrica, de todo tamaño, la mitad de los cuales se hizo para operar con gas natural proveniente de Argentina, que luego debieron ser adaptadas para operar con petróleo y/o gas natural licuado.
En síntesis, la matriz energética del país se ha vuelto más contaminante durante los pasados 15 años, además de crecer integralmente de modo muy insuficiente.
Está muy bien promover en estas circunstancias la mayor generación posible en plantas solares y eólicas e impulsar programas agresivos de mayor eficiencia energética a nivel nacional – y el Colegio de Ingenieros alienta estas vías fervientemente – pero, no nos engañemos, sus efectos sólo permitirán reducir marginalmente el déficit futuro.
Más interesante sería, si fuera políticamente factible, acelerar la interconexión eléctrica con Perú u otro vecino, aunque tampoco es razonable cifrar muchas expectativas en esta solución.
El Gobierno tiene una política energética basada en seis pilares reiteradamente comunicados por el Presidente de la República, pero ello no basta sino se suma todo el país en un “fast track” eléctrico: las empresas con estudios más completos y proposiciones de compensación cuando corresponda, el regulador eléctrico desarrollando todos los reglamentos pendientes y realizando las modificaciones legales para hacer realidad los pilares anunciados, las autoridades ambientales actuando con sentido de urgencia para no dilatar las decisiones y, sobre todo, los ciudadanos reaccionando con mucho realismo y generosidad – y menos dogmatismo – para facilitar la disposición de la energía necesaria a partir del cercano año 2015.