No cabe duda de que el actual modelo de desarrollo chileno está dentro del pensamiento neoliberal o economía de mercado, con matices semánticos más o menos, podríamos sencillamente señalar que estamos insertos en un sistema capitalista.
Entre los componentes de dicho sistema capitalista se encuentra el hecho de que quien controla una empresa es el que aporta el capital de ella. Ese control se ejerce ya sea directamente, o a través de directores de empresas que a su vez nombran a los gerentes.
Todo esto a través de mandatos delegables y revocables manteniendo siempre el control final el dueño del capital.
Podríamos decir que el modelo de empresa bajo la figura de Sociedad Anónima es la máxima expresión de dicho sistema.
Pues bien, el negocio de las AFP que radica en la administración de los fondos de pensiones que aportan todas las personas que cotizan en una AFP determinada no es capitalista.
¿Por qué el dueño del capital – es decir cada trabajador/a no interfiere en la administración y control de la empresa llamada AFP?
En efecto, el modelo de AFP en Chile es muy peculiar, es el único negocio donde el dueño del capital – los trabajadores y trabajadoras – no tienen ninguna facultad de gestión o control sobre el negocio. Es decir, más de siete millones de dueños de uno de los capitales más grandes del país no pueden nombrar a las personas que administran dicho capital, ni tampoco le pueden fijar pautas de trabajo.
De todos los derechos de propiedad protegidos por nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de propiedad del trabajador sobre su cotización es el más desprotegido.
Recordemos que el origen del sistema de AFP está en el corazón mismo de la dictadura militar, reforma que no se hubiese podido aplicar sin las medidas de represión de la época y que, paradojalmente, no se aplicó a los miembros de las FF.AA., a quienes se les mantuvo el antiguo sistema de reparto.
Se debe tener claro que el sistema actual de AFP se rige por el principio del lucro, mientras que cualquier sistema previsional se tiene que regir por los principios que emanan de la Seguridad Social (solidaridad, justicia social, bien común, rol garante del Estado, entre otros).
Además, resulta contradictorio con todas las escuelas de pensamiento liberal, debido a que en nuestro país existe un oligopolio de AFPs generado por procesos de colusión de grandes operadores y especuladores de fondos previsionales que se manifiestan en los grupos económicos que controlan el país.
Debe tenerse presente que, desde una perspectiva de género, donde las mujeres ganan en promedio el 70% de los ingresos de los hombres, el sistema las discrimina, al tener una capitalización individual menor y un expectativa de vida mayor que los hombres, variables claves a la hora de calcular la pensión de una mujer.
Finalmente, a la sociedad y al Estado le quedan dos alternativas. En primer lugar, generar un cambio institucional donde los trabajadores sean los verdaderos gestores de los fondos previsionales, en el cual modelos como los implementados en algunos países nórdicos nos puedan dar una pauta y orientación.
Incluyendo en este cambio institucional la creación de una AFP estatal y la creación de instituciones privadas sin fines de lucro que asuman el rol gestor de los fondos previsionales.
La otra alternativa es simplemente eliminar el sistema de AFP y crear un nuevo sistema previsional de reparto.