Recientemente el Gobierno anunció, la presentación de un Proyecto que está incluido en la Ley Larga de Quiebras, que permitiría a ciudadanos que tengan dos deudas vencidas iniciar un proceso de acuerdo.
Según la propuesta gubernamental, las personas naturales abrumadas por sus deudas y sin la posibilidad de pagar a tiempo sus compromisos verían un alivio en el nuevo texto legislativo, ya que en la nueva ley de reorganización y liquidación de empresas se incluye en forma separada la quiebra de las personas. El mecanismo propuesto, funcionaría a través de la superintendencia de quiebras para que los deudores lleguen a un acuerdo de repactación con los acreedores.
Si bien esta propuesta del Gobierno responde a una necesidad y a un clamor urgente de los consumidores, tendiente a dar solución a los problemas graves de sobreendeudamiento familiar que se vive en el país, una reforma a la Ley de Quiebras, nos parece insuficiente, ya que no aborda el problema en su integridad.
Proyectos de esta naturaleza no son nuevos, de hecho en el Congreso Nacional existen varios proyectos que nunca han sido tratados, porque en su momento no hubo voluntad política y por tanto carecieron de las urgencias necesarias o por que no existía la sensibilidad que hoy experimentamos respecto a estos temas de orden financiero que afecta a los consumidores.
Más aún, es necesario destacar que el día 7 de diciembre de 2011, en la Sede del Senado en Santiago, la Oficina para América Latina y el Caribe de Consumers International presentó la “Ley Modelo de Insolvencia Familiar”.
Según se explicó en esa oportunidad, el objetivo de ese instrumento, es servir de prototipo para que en cada país se diseñe un marco normativo según sus propias necesidades y puedan establecer un procedimiento administrativo y judicial que permita a las personas usuarias de productos y servicios financieros, que se encuentren en situación de insolvencia, celebrar un acuerdo de pago con sus acreedores y cumplir así con sus obligaciones individuales o familiares pendientes.
Además, busca promover la recuperación de la economía familiar o personal, normalizando la situación financiera de las personas endeudadas, y evitar cualquier situación de exclusión social o laboral.
En la presentación, Juan Trímboli, Director para América Latina y el Caribe de Consumers International, expresó que: “En Chile, más del 60% de los hogares tiene algún tipo de deuda, y el resto de los países latinoamericanos y caribeños muestra un panorama similar, como lo han comprobado diversos estudios a nivel de la región, y nuestros propios análisis. La trasnversalidad y la magnitud del problema han hecho que el endeudamiento no sea sólo un problema de las personas o de las empresas, sino un problema de país y, en última instancia, de toda la región de América Latina y el Caribe”.
Por tal razón, consideramos que una Ley sobre Insolvencia Familiar, es urgente para Chile, tal como existe en países de Europa y Estados Unidos, que han creado sistemas mediante los cuales las familias pueden solucionar el agobio de sus problemas de deudas a través de la intervención de jueces especializados y de tribunales de mediación, equivalente a un interventor o síndico de quiebras para una empresa, quien se hace cargo de proponer una solución a la familia, moderar cobros, ordenar planes de pago, limitar nuevos endeudamientos, evitando así, que la familia se vea expuesta al arbitrio de los acreedores, y con el peligro de perder sus bienes y quedar fuera del sistema financiero, como un paria social.
La existencia de una legislación de insolvencia de hogares, es decir, un sistema que intervenga la economía doméstica, amortigüe intereses usureros, establezca modelos de pago y proteja bienes fundamentales de la familia, como la casa, es un imperativo ético, además de una herramienta de resolución de las consecuencias que las cobranzas provocan en la población, afectando la convivencia de las personas.
Una Ley de Insolvencia Familiar tiende a equilibrar una situación que de por sí es asimétrica, la relación entre el consumidor y el acreedor, por eso es necesario entregar herramientas para que la parte más débil de la relación de consumo pueda hacer frente a los problemas que puedan suscitarse con los proveedores de bienes y servicios.
Actualmente, un consumidor que se enfrenta a la imposibilidad de solventar una deuda, no tiene el mecanismo como el que poseen los acreedores respecto a la declaración de quiebra.
Por ello, la solución que nos parece más adecuada es la de proponer una ley que regule el procedimiento para que el consumidor, supere esa situación en que se encuentra, con las garantías necesarias tanto para él como para sus acreedores.
En este sentido, una Ley sobre Insolvencia Familiar busca establecer un procedimiento administrativo y judicial que permita a los consumidores de productos y servicios financieros que se encuentren en situación de insolvencia verificar un acuerdo de pago con sus acreedores y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias pendientes de naturaleza no comercial.
Asimismo, pretende promover la recuperación de la economía familiar o personal, normalizar su situación financiera, y evitar cualquier situación de exclusión social o laboral procurando el desarrollo de una cultura de acceso al crédito responsable, a través de la información y la educación financiera.
La implementación de un sistema integral de protección del endeudado y su familia, corresponde a una urgencia que no debemos soslayar.
Haciéndonos eco de esta urgencia es que nos hemos comprometido a presentar un Proyecto – basado en los aportes de propuestas anteriores y en los contenidos de la Ley Modelo de Consumers International – procurando que aborde integralmente el problema del endeudamiento individual y familiar en Chile, definiendo los mecanismos para facilitar una solución justa a esta situación, que dadas las actuales circunstancias esperamos obtenga el apoyo necesario para prosperar.
Esta iniciativa, que va más allá de una simple reforma de la Ley de Quiebras, debe ir acompañada entre otros elementos como el perfeccionamiento de la Ley del Consumidor, el fortalecimiento del rol de las asociaciones de consumidores y con la entrega de mayores atribuciones al SERNAC, lo cual constituye un conjunto de avances significativos que implican consolidar un sistema de protección y defensa de los derechos de los consumidores.