En una columna anterior señalé que cuando el combustible sube las pequeñas empresas son las primeras y las más castigadas. Mencioné, también, que tanto el impuesto específico, como el que grava el uso el de las vías concesionadas debían ser eliminados.
El mismo día que los taxis colectivos efectuaron un paro nacional, y que Econsult anunció un alza de $26 en el diesel y, de $15, en bencinas, el Gobierno amenazó con aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Los dirigentes del gremio argumentaron, con razón, que esta medida de fuerza era el único camino que podían tomar, considerando que luego de innumerables reuniones con los ministros de Transportes y Hacienda, e incluso con el Presidente Piñera, su principal demanda de eliminar el impuesto específico no fue escuchada.
Son muchos los que se han pronunciado por la eliminación de este tributo. Por ejemplo, Andrés Chadwick, los actuales ministro de Economía y del Trabajo, así como varios miembros de la UDI, de RN y, también, de la oposición. Sin embargo, los transportistas de carga y, todos los micro y pequeños empresarios, siempre fueron contrarios a que se aplicara.
Si este Gobierno se define como el “de las Pymes”, debe demostrarlo en los hechos. No considerar su situación, así como de los sectores medios que tienen vehículos y que, en muchos casos, son su fuente de trabajo, es claramente una señal que va en el sentido contrario.
Creo que el Gobierno no está cumpliendo la ley 20.416, referida al Estatuto Pyme y no discrimina positivamente a las empresas de menor tamaño en la aplicación del tributo mencionado.
Una vez más el principal argumento para no eliminar este impuesto, es que no se puede renunciar a los más de 1.500 millones de dólares que recauda. Sin embargo, el mismo gobierno, al menos sus sectores más ortodoxos -que hasta ahora han ganado la batalla- se niega a discutir una reforma tributaria, la que permitiría resolver estos y otros problemas de gran importancia para el país.
El alza permanente del precio del petróleo y sus derivados, complica de manera importante a las Pymes y a los consumidores, si a esto agregamos el fantasma de una situación recesiva producto de la profunda crisis financiera de Europa y Estados Unidos, el escenario se presenta más bien gris oscuro.
El gobierno debe escuchar a la gente. Entender que los problemas no se solucionan con represión y cárcel, aunque le cueste, su rol es mantener el diálogo siempre.
Por eso, presionar al Poder Judicial o amenazar con aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, son medidas inaceptables.
Hoy los dirigentes de los taxis colectivos tienen nuestro respaldo, y estoy seguro que los camioneros, los microbuseros, los taxistas básicos, los comerciantes, los feriantes, los pescadores artesanales, también solidarizarán con ellos.