En estos últimos días se han intensificado las opiniones y presiones para limitar aún más el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo relativos a la libertad sindical y negociación colectiva, incluido el derecho de huelga, objetos principales de la reforma laboral impulsada por el gobierno.
La cúpula empresarial, la oposición e incluso, lo que es aún más preocupante, algunos senadores y ex ministros pertenecientes a los partidos integrantes de la Nueva Mayoría se han unido en sus esfuerzos para continuar restringiendo estos derechos.
Acaso no perciben que continuarán existiendo demasiadas personas, trabajadores y trabajadoras, para quienes esos derechos son inalcanzables o su consecución muy ardua o simplemente sus derechos conculcados.
No se dan cuenta que con su intolerancia al ejercicio de la libertad sindical están promoviendo una forma de violencia social.
Aún no se dan cuenta que la libertad sindical está en la base de toda la gama de derechos consagrados por las normas internacionales en favor de los trabajadores. Estas normas establecieron un conjunto de límites a las posibilidades de los empleadores de organizar el trabajo y la producción, y esos límites aseguraron la marcha óptima de los sistemas productivos.
No se dan cuenta que hoy, superadas largamente las teorías económicas clásicas que atribuían a la sindicación efectos nocivos para la sociedad, la libertad sindical aparece como un factor clave para la sostenibilidad de los proyectos empresariales y como uno de los mecanismos más efectivos para incrementar la productividad y forjar el único modelo de competitividad admisible: aquel basado en el respeto de los derechos de los trabajadores.
Como no se dan cuenta que el déficit de Trabajo Decente en nuestro país tiene entre sus principales causas la falta de libertad sindical y negociación colectiva que impacta negativamente en el empleo, protección social y diálogo social.
Aunque afirmar que la libertad sindical es un derecho humano debería ser suficiente para motivar su respeto irrestricto, hoy es posible afirmar también que la libertad sindical promueve la eficiencia de los sistemas productivos.
En el fondo, de lo que parece tratarse es de la pugna entre dos ideologías. Una, la democrática en su mejor acepción. Otra, profundamente antidemocrática, basada en la ley del más fuerte. Una que, aún con errores y vacilaciones, busca la justicia social. Otra, que parte de la base de que la desigualdad es un motor fundamental del progreso.
Como le resultará obvio al lector, apostamos por la primera de las opciones: la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga como condiciones, caminos y fines para la plena democracia con justicia social; apuesta por la que, sin duda, también han optado el gobierno y la inmensa mayoría de trabajadores, y la que, por tanto, será la ganadora si todos nos empeñamos en ello.
Los indicios son claros y permiten pensar en una política laboral pos neoliberal. Que si bien los cambios propuestos en el proyecto de reforma laboral, que hoy se discute en el Senado, son insuficientes, no han tenido toda la extensión e intensidad que se esperaba o que podrían haber alcanzado,también son necesarias para continuar avanzando en la construcciónde ese Nuevo Modelo de Relaciones Laborales. Un modelo que reconozca la divergencia de intereses y el conflicto inherente a la relación capital-trabajo.
Pero para que los trabajadores y sus organizaciones sindicales en general recuperen los derechos arrebatados por el plan laboral impuesto por la dictadura, necesitan de su propia fuerza orgánica, que hoy se visualiza como una tarea compleja, que afecta principalmente a la capacidad de conducción de sus dirigentes.
La reestructuración y el fortalecimiento sindical no pueden apoyarse exclusivamente en lo que un gobierno democrático haga en materia legal.