El incendio que costó la vida a 10 personas, entre ellas a 4 adultos mayores, en una residencia de larga estadía en la comuna de Paillaco, es un hecho que debiera remecernos como sociedad, para que nunca más vuelva a ocurrir, ya que se trata de una tragedia humana que se podría haber evitado.
La rápida combustión, la imposibilidad de acceder al inmueble, porque las puertas estaban con llave y el nulo funcionamiento de los grifos fueron factores que determinaron el fatal desenlace que tuvo la emergencia.
Los antecedentes que se han difundido a través de los medios de comunicación señalan que había una sola cuidadora atendiendo las 24 horas en dicha residencia, que según las autoridades locales, si bien contaba con los permisos sanitarios, no presentaba las mejores condiciones de infraestructura ni menos de seguridad.
Sin embargo, en las últimas horas se ha dicho que no existía tal autorización, pero sí funcionaba con una patente municipal.
En Chile, de acuerdo a un estudio de 2004, realizado por el Dr. Pedro Paulo Marín junto a otros profesionales, existen cerca de 1.668 residencias y alrededor de 37% serían de carácter “informal”.Esto último, representa una situación de riesgo que devela el “maltrato” institucional que sufren los adultos mayores que sólo se hace visible cuando se convierte en un hecho noticioso o en titular en la televisión.
Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato de las personas mayores es una violación de los derechos humanos y una causa importante de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación.
A juicio de Sandra Huenchuán, experta en envejecimiento y derechos humanos, una de las formas más visibles de maltrato – en el campo institucional- ocurre en las residencias de cuidado de largo plazo que no cumplen con estándares básicos de calidad.
Las deficiencias del sistema de atención, incluidas la capacitación insuficiente e inapropiada del personal, la sobrecarga de trabajo, la mala atención a los residentes y el deterioro de las instalaciones, pueden dar lugar a malos tratos, abandono y explotación.
De ahí que lo ocurrido en Paillaco debiera constituirse en un terremoto que no sólo remezca nuestras conciencias –autoridades, familia, ciudadanía en general, sino que movilice para revisar los sistemas de atención que se están brindando, y más importante aún, las políticas públicas en torno al adulto mayor, en especial el que vive en localidades rurales, abandonado a su propia suerte y pobreza.