Se ha iniciado una campaña para prevenir y controlar la violencia en los estadios de fútbol. Esta iniciativa tienen gran aceptación ciudadana y recoge una antigua aspiración de todo el mundo deportivo que gusta de asistir al estadio con tranquilidad y seguridad.
Sin embargo, esta brillante iniciativa puede quedar en nada si se equivoca el camino a seguir. La violencia en los estadios y la comisión de delitos contra las personas, el orden y los bienes públicos y privados, con motivo de un espectáculo deportivo, es responsabilidad de la autoridad pública, del Estado y no de los dirigentes deportivos.
El Estado no puede delegar en nadie dicha función y debe actuar en consecuencia frente a los delitos contra las personas y la propiedad que se cometen en los trayectos de ida y regreso al Estadio por grupos de delincuentes, estén o no organizados o empadronados y los delitos contra las personas y la propiedad al interior del Estadio.
En ninguno de estos frentes los dirigentes deportivos tienen capacidad e influencia para prevenir y reprimir. Sí, pudieran tener participación como autores, cómplices o encubridores según el caso determinado.
Con una actuación de este tipo, observando la independencia, y también la capacidad del Estado y sus Fuerzas de Orden y Seguridad para enfrentar el delito que se tipifica en estos casos, no sólo se garantiza más eficiencia en el ejercicio de este deber sino que se deja en evidencia el nivel de responsabilidad que les corresponde a los clubes. De paso, se permite que los dirigentes estén fuera del alcance de las presiones o chantajes que pudieran intentar las barras bravas y acabar con esta zona gris que facilita derivar responsabilidades sin dar nunca con los verdaderos responsables.
Hay muchas medidas adicionales que sólo una decidida voluntad policial podrá implementar. Si se mira a los clubes deportivos como sujetos obligados a cumplir ciertas normas necesarias para el buen funcionamiento de la actividad y no como colaboradores, evitamos un clima de tolerancia societaria con la policía que termina por no exigirles cambios de conductas que contribuyen a este comportamiento delictual: mejorar los estadios y la infraestructura de accesos y entornos; producir bien el espectáculo; prohibir la venta de alcohol en tribunas; sancionar la violencia verbal de hinchas con deportistas; prohibir a los jugadores que inciten a la violencia con sus engaños y/o provocaciones al árbitro, rivales y barras rivales; no contratar técnicos que aplican “mañas” antes que “tácticas”; etc. son obligaciones no menos importantes.
Aplicar algunas de estas medidas obliga a mayores costos en un clima de obtener márgenes positivos a cómo de lugar. Otras, a ser rigurosos en la elección de jugadores y técnicos y aceptar que no siempre se puede ganar y jamás con cualquier medio.
Con la autoridad previniendo y reprimiendo la violencia y con la dirigencia obligada a producir buenos espectáculos en buenos estadios y con profesionales serios, estará cada cual en lo suyo y habrá mejores garantías de éxito.