El Rector de la Universidad de Chile, profesor Víctor Pérez volvió a reiterar hace poco en una columna en la prensa nacional lo complejo que sigue siendo que todas las instituciones públicas de educación superior tengan que publicar sus balances y gastos, estar sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República, la Ley de Transparencia y la Ley de Compras Públicas y no así, las universidades tradicionales y privadas que reciben mayor financiamiento por parte del Estado que las públicas,sin tener que regirse por ningún tipo de transparencia de cara a las autoridades o la ciudadanía.
En el caso de la Cultura este fenómeno viene repitiéndose incansablemente. Hace un par de años era mal visto sacar a la luz pública consultas con respecto a las subvenciones directas o aportes que hacía el Estado a ciertas instituciones, fundaciones, corporaciones o asociaciones culturales.
Pero hoy, las cosas han cambiado y llegó el momento de exigir transparencia total, sobre todo en momentos de cierta crisis institucional donde se ésta replanteando el modelo que queremos que nos guíe hacia un desarrollo cultural pleno.
Recuerdo que en el último gobierno de la Presidenta Bachelet y estando a cargo del Centro Cultural Matucana 100, institución que en ese entonces dependía del gabinete de la primera Dama (hoy recibe fondos desde el CNCA) y estando María Eugenia Hirmas como presidenta se nos solicitó que nos acogiéramos a la transparencia voluntaria, es decir poner online toda la información contable, gastos, ingresos, egresos o sea poner todo lo relacionado con la gestión y administración de nuestra institución.
Nos demoramos menos de una semana en subir la información.Sin embargo recuerdo que algunas de las otras fundaciones tuvieron ciertos reparos en el sentido de quedar en un posición desmejorada con respecto a entregar los valores de los sueldos de los funcionarios o de cifras de algunos sponsors.En ese entonces desde la Presidencia la señal fue clara: “lo sentimos pero en este gobierno la transparencia será total.” Y así fue.
Hoy en 2013 creo que llegó el momento de exigir esa transparencia total, queremos que al igual que nuestra institución, el CEAC de la Universidad de Chile que tiene toda su información en línea, que debe responder al ministerio de Educación, que recibe la fiscalización de la Contraloría Interna, la contraloría General de la República, Auditorías independientes, podamos tener acceso de manera diligente y oportuna a la información de todas las instituciones, corporaciones, fundaciones, asociaciones, sociedades anónimas, sin fines de lucro o con fines de lucro que reciban algún tipo de subvención o aporte financiero por parte de Estado central, regional o municipal.
O sea que deban pasar por los mismos filtros de transparencia y control que las instituciones culturales públicas. Pero voy más allá aún, toda institución que haya recibido bienes muebles o inmuebles en comodato o concesión por parte del Estado también tienen que acogerse a estas mismas reglas.
No tengo dudas que al solicitar esta información sólo se está configurando un modelo de institucionalidad cultural más legítima y participativa.
Y de este modo decisiones tan fundamentales como la participación de productoras privadas en licitaciones de bienes y servicios culturales pueda ser observada de modo más nítido. O decisiones de subvenciones adicionales o extraordinarias a ciertas instituciones culturales por distintas razones de fuerza mayor puedan ser estudiadas en un contexto más amplio, sin cegueras y apresuramientos.
Cuando se trabaja en un sector donde lo relevante es la vocación de servicio público nunca está de mas ser más transparente que el agua, cuando se habla de un sector con tantas carencias más vale tomar decisiones adecuadas e informadas, cuando se está en un ámbito donde siempre los recursos escasean más vale asegurar que las inversiones vayan donde corresponden y en paralelo a políticas públicas diseñadas.
En una sociedad que exige mayor participación en la toma de decisiones, es fundamental medir a todos los actores con la misma vara.
No pueden seguir existiendo instituciones de primera y segunda categoría.Por supuesto todas tienen especificidades y ámbitos de acción distintos, y por supuesto modelos de financiamiento diversos, pero eso no significa tener tratamientos desiguales.
Todos los que trabajamos en el sector cultura sabemos que a diferencia del tema educativo nuestros problemas no están asociados al lucro, sino a la falta de recursos por lo que frente a posibles contingencias futuras, queremos saber en qué se están utilizando los recursos de todos en el ámbito de la cultura más allá de las instituciones públicas como son la DIBAM, el CNCA y otras similares.