La actual administración ha iniciado un proceso de consulta sobre unas nuevas bases curriculares para los grados de 1° a 6° de la educación general básica. Argumenta para ello que “con la promulgación de la Ley General de Educación surgen nuevas exigencias para el curriculum nacional” que obligarían a este cambio, entre ellas, una nueva estructura de ciclos escolares, nuevos objetivos generales de aprendizaje que define esa ley (LGE). Se señala que la propuesta de nuevas bases estará disponible para que los docentes puedan a través de la web opinar entre los días 15 de abril y 23 de mayo del presente año.
Eso es todo lo comunicado oficialmente al sistema escolar. Se sabe además de reuniones que se estarían realizando con expertos, consultas a través de focus group a docentes y académicos formadores de profesores.
No se conocen otras razones y cabe señalar que la LGE no establece un plazo para la elaboración de las nuevas bases, así que esta no es una razón válida para elaborarlas. Sin embargo lo anterior, la propuesta se realiza suponemos sabiendo que este es cambio muy importante, ya que se refiere a ¿qué deben aprender y qué se les debe enseñar a los estudiantes chilenos de 1° a 6° de educación básica?
Lo que ocurre es más preocupante aún porque el país se encuentra realizando la instalación de un reciente ajuste curricular, y las mismas autoridades ya han elaborado y aprobado el año pasado programas de estudio para 5° y 6° básico. Y ahora, un año después, pretenden otra vez cambiarlos. Esto último pudiera ser calificado de chapucería e improvisación o simplemente intenciones no declaradas, si no se aclara explícitamente el sentido que las autoridades actuales dan a los cambios, por qué se consideran una mejora necesaria yendo más allá de señalar a una obligación legal que en realidad no existe.
Esto se ve agravado porque el proceso de consulta es express y de bastante bajo perfil. Más aún, se comete la imprudencia de informar por un medio de comunicación (La Segunda, 29-04-11) que un programa que se iniciará este año para el mejoramiento de la enseñanza del inglés, se basará en estas bases en pleno proceso de consulta y no en las oficiales y legales.
Por ello decimos que se intenta modificar ahora la letra grande, nada menos que lo que deberán aprender nuestros niños y niñas, con procedimientos poco claros y en los que al parecer existe mucha letra chica.
Lo que se pretende resulta extremadamente preocupante, más aún, si consideramos por su discurso que las autoridades encargadas de este tema en el ministerio (Unidad de Curriculum y Evaluación) tienen la voluntad de hacer oficiales estas nuevas bases durante el presente año, ello luego de un muy breve tiempo de consulta. Es útil recordar que el proceso de ajuste curricular que ahora se busca modificar se basó en estudios sobre la implementación del currículum de la reforma, en el análisis de los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales y consideró casi 3 años de consultas, con reuniones con profesores en todas las regiones del país.
¿Cuál es entonces el propósito de estas nuevas bases? ¿Por qué se hacen, si lo razonable era continuar la instalación del ajuste en curso? ¿Cuál es el calendario real de esta consulta? No lo conocemos ¿En qué plazos se busca esté operativa? ¿Cómo se intersecta con los niveles del sistema escolar que ya comenzaron la implementación del ajuste curricular? ¿Cómo se alinean estas nuevas bases con una serie de instrumentos y políticas clave para el desarrollo educativo nacional? ¿En qué plazos? De todo ello, por el momento, nada sabemos.
Se ha dicho casi nada respecto de la finalidad de la propuesta, pero las autoridades ministeriales saben que unas nuevas bases impactan en factores relevantes para la política.
Así, por ejemplo son señales fundamentales para el quehacer de los docentes en la sala y todo lo que ello implica (por ejemplo cómo usar el tiempo de trabajo escolar); son un material fundamental para el diseño de los programas de formación inicial docente; comprometen ya sea definiendo o redefiniendo el carácter y contenidos de una serie de otros instrumentos de política claves al logro de la calidad, como son los estándares de contenido o mapas de progreso del aprendizaje de los alumnos y su uso en el diseño del curriculum, los estándares de desempeño o Niveles de Logro que utiliza el SIMCE en las evaluaciones nacionales.
Si se cambia el referente curricular los niveles de logro deberían cambiar, ¿Cómo se asegurará la comparabilidad interanual? ¿Serán igualmente exigentes los estandares o mejoraremos los resultados respecto de estándares de menor exigencia?
Por otro lado este cambio afecta a los instrumentos utilizados para la evaluación de los docentes municipales, que desde la reciente ley de calidad y equidad pasan a tener extraordinaria importancia, ya que poseen consecuencias mayores respecto de la estabilidad laboral de los docentes; impactan también a los estándares al egreso de la formación inicial de los docentes de educación básica, ya que éstos están siendo utilizados por la evaluación INICIA y que la misma ley mencionada antes vinculó a nuevos incentivos; en fin, el listado es muy largo.
Sobre todo lo anterior se abren preguntas mayores ¿Han pensado las autoridades ministeriales en este campo todas esas consecuencias? ¿Cómo se prevé abordarlas? ¿En qué plazos y gradualidades? ¿Dónde nos podremos informar y opinar acerca de aquello?
Un cambio curricular es una modificación de envergadura para el sistema educativo, que requiere de cierta gradualidad, para resguardar la coherencia de la secuencia curricular de los estudiantes que están cursando la escolaridad. No es casual que estas transformaciones ocurran con poca frecuencia y no con la que nos anuncia este cambio (menos de 2 años).
En esta primera parte hemos visto varios y graves peros respecto del procedimiento que se está empleando para validar una propuesta de nuevas bases curriculares. Que no se aclaren bien puede inducir a muchos a sospechar que en realidad y adicionalmente a los propósitos públicamente explicitados, habría otros, ahora implícitos, los cuales el grueso de los ciudadanos desconocemos.
Por la relevancia del tema, el cual siempre tendrá enormes consecuencias valóricas e ideológicas, por la necesidad de construir de verdad los consensos amplios que en esta materia se requieren, se debe exigir la mayor de las transparencias en relación a aspectos tan relevantes como: el sentido de la propuesta, la pertinencia de su oportunidad, más aún si dado el reciente ajuste pareciera inoportuna, procedimientos y plazos más idóneos para validarla. Todas estas cuestiones a la fecha resultan poco claras.
En un segundo artículo plantearemos nuevas preguntas y dilemas que se han abierto respecto del procedimiento de consulta sobre las nuevas bases curriculares para la educación básica de 1° a 6° grados, el cual merece severos cuestionamientos. Más adelante y en otros artículos, nos referiremos a los aspectos sustantivos de la propuesta, sobre lo cual también tenemos importantes dudas.