El movimiento social para mejorar la educación chilena ha desnudado las falencias del gobierno y del sistema político y debe abrir una nueva etapa en la relación entre la sociedad y las instituciones.
Sorprende que el gran tema de la semana en los medios de comunicación sea la negativa de los presidentes de los partidos de la Concertación de concurrir a una reunión con el Presidente de la República.
Yo he expresado mi opinión al respecto, en el sentido de que habría sido correcto concurrir dejando en claro que lo central es el diálogo directo con las organizaciones sociales que no quieren más acuerdos entre cuatro paredes.
Sin embargo, la cobertura de la fallida reunión, oculta que precisamente esta semana se han dado dos pasos trascendentales para avanzar en la resolución del conflicto: las organizaciones sociales iniciaron un diálogo directo con el Congreso Nacional y con el Ministerio de Educación.
Se cumple así con algo que quienes se ha movilizado en las calles esperaban: hacer una interlocución directa y no aparecer como vagones de cola de una negociación entre los partidos políticos y el gobierno.
Se debe entender que el movimiento social por la educación está dejando en claro que hay una crisis en la representatividad.
No nos podemos sentir dueños de las demandas de la sociedad ni usarlas para sacar mezquinas ventajas políticas. El rol que debemos jugar es el de ayudar a que se expresen directamente para que el país avance.
Cuando lo central pasa a ser si los políticos van o no a La Moneda a conversar es porque no estamos haciendo bien las cosas. Esto refuerza la visión de la sociedad de que el gobierno y los partidos andan perdidos y no tienen el foco en lo principal.
Como presidente en ejercicio del Senado abrí una instancia de diálogo, que ha continuado con el análisis de los comités parlamentarios del documento “Bases para un Acuerdo Social por la Educación”.
Ese planteamiento de las organizaciones es también objeto de análisis en la mesa de trabajo que abrió el Ministerio de Educación ante la presión del movimiento.
Tanto el gobierno como las fuerzas políticas debemos actuar con humildad, porque no sólo es el movimiento estudiantil el que está emplazando al sistema político, hay una sociedad que se está expresando con fuerza y que da cuenta de que el pacto que se estableció al termino de la dictadura está obsoleto.
No puede haber más fotos de los actores políticos llegando a acuerdos tomados de las manos, mientras las organizaciones sociales miran desde afuera.
Eso debe entenderlo el gobierno, que se sentó tarde a negociar, propuso un acuerdo GANE en el que no consideró al movimiento, mantuvo por meses a un ministro deslegitimado, y buscó la legalización del lucro. Pero también tiene que comprenderlo la oposición que tiene la obligación de construir una alternativa con la gente y no entre unos pocos dirigentes políticos.
Los chilenos quieren ser consultados, los chilenos quieren ser considerados, quieren que el sistema político los acompañe, los represente, no que sea su vocero.
Los movimientos sociales también están expresando la necesidad de un sistema político más democrático, que sea representativo y participativo, y competitivo, que de cabida a todas las sensibilidades, que abra espacio a las minorías y a la diversidad.
Estas demandas también apuntan a un nuevo modelo de reparto de la riqueza, que disminuya la brecha entre los más ricos y los más pobres, a políticas ambientales sustentables, a la recuperación de nuestras riquezas estratégicas y al reconocimiento de la multiculturalidad de Chile.