Los Senadores Girardi y Horvath han anunciado en estos días una importante ofensiva legislativa para “perfeccionar” y “mejorar” las normas ambientales, particularmente relativas a megaproyectos y centrales.
El mismo anuncio se hizo en 1998 luego de las enormes tensiones provocadas por el proyecto de la Central Ralco, cuando el Gobierno intervino la Conadi. Fui Director de este organismo público entre 1997 y 1998 y enfrenté el proyecto Ralco en cuanto afectaba la continuidad de la Cultura Pehuenche. En esa ocasión, y a poco tiempo de entrar en vigencia la Ley del Medio Ambiente, se produjeron exactamente las mismas condiciones que hoy rodean el caso de Hidroaysén.
En 1997 diversos organismos sectoriales de Gobierno calificaron negativamente el proyecto Ralco y establecieron severas condiciones para su eventual aprobación. Lentamente, y con la intervención directa de autoridades gubernamentales, los Servicios públicos fueron variando su posición, hasta que llegó el momento en que todos debían responder al instructivo gubernamental de aprobar –si o si- dicho proyecto.
Pero había un tema crucial: la construcción de Ralco requería el acuerdo del Consejo Nacional de Conadi, integrado por 8 representantes de Pueblos Indígenas y 8 representes del Gobierno. El voto dirimente correspondía al Director Nacional de Conadi. Hasta el último minuto del conflicto, y con el respaldo de sendos estudios técnicos, Conadi mantenía una postura crítica.
Llegado el momento de resolver, y dado que los Consejeros Indígenas y el Director Nacional, a la sazón indígena, no variaban su posición de rechazo a las permutas de Ralco, el Gobierno estimó necesario intervenir la Corporación Indígena y comenzó por sacar de sus puestos a los tres Consejeros Presidenciales (no indígenas) que, sin embargo, estaban también en contra del proyecto y luego provocaron la renuncia no voluntaria del Director Nacional (indígena).
Todo, con el objeto de que la Conadi no frenara el proyecto Ralco. Esto fue en Agosto de 1998. Más tarde, en Septiembre de ese año y en medio de una gran crisis de confianza entre los Pueblos Indígenas y el Estado, se nombró a un no-indígena como Director de Conadi, con la precisa misión: hacer aprobar Ralco. Esto aconteció, finalmente, en enero de 1999 con el voto favorable del nuevo Director y tan sólo los 8 votos de los representantes del Gobierno.
Ningún Consejero indígena concurrió con su voto. Meses después un poco menos de 1.000 indígenas pehuenches fueron desarraigados de sus tierras ancestrales y más tarde toneladas de agua inundaron para siempre la zona de Ralco en donde se yergue ahora una colosal represa, que para el año 2051 sólo será una triste mole de cemento, probablemente abandonada por sus dueños privados, luego de su tiempo útil.
Igual que ahora, en esos días de 1998 hubo muchas declaraciones de políticos, parlamentarios, ONG y el tema ocupó muchos reportajes. Pero lo cierto es que la Ley Medio Ambiental no alcanzó a ser suficientemente “modificada” o “mejorada”.
Es decir, hubo muchas declaraciones de políticos y pocos resultados reales. Si tales declaraciones se hubiesen convertido en iniciativas legales aprobadas por el Parlamento, probablemente las condiciones de la centra Hidroaysén hubiesen sido mucho más difíciles.
Por ejemplo, si tan solo se hubiese modificado el hecho de que los Servicios Públicos que evalúan estos proyectos puedan actuar con total autonomía y que sus decisiones no sean objeto de “instrucciones” gubernamentales. Como esto no es realista, porque los Servicios Públicos dependen del Gobierno de turno, otra variable es el mecanismo de consultas vinculantes y no solo opinantes, con plena participación de la ciudanía.
Otro mecanismo es la consulta plebiscitaria vinculante, en donde toda una comunidad afectada por el proyecto pueda resolver –democráticamente- si acepta sus consecuencias o no. En suma: encuentro tardía la reacción de legisladores que recién ahora, a 13 años de Ralco, poco hicieron para evitar que el mismo escenario se repitiese en la Patagonia.