29 ene 2016

Control preventivo de identidad

Recientemente se aprobó en el Senado, en el marco de la agenda corta de seguridad, una indicación que faculta a las policías a realizar controles preventivos de identidad, incluyendo a niños entre 14 y 18 años, lo que resultó controversial dado que podría vulnerar los derechos de los niños y niñas, algo que a 26 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, resultaría un retroceso.

Sin embargo, este punto logró ser abordado a tiempo ya que se incorporaron una serie de medidas para asegurar la protección a los menores de edad: el control será sólo a mayores de 14 años; para este tramo etario la retención podrá durar como máximo una hora (a diferencia de las cuatro horas que están definidas para los mayores de edad); este control se podrá realizar en espacios públicos o privados con acceso público y por último, los jóvenes podrán presentar cualquier medio de identificación que sea emitido por una institución pública.

Todos estos elementos serán de mucha relevancia a la hora de prevenir la vulneración de los derechos que todas las personas, y muy especialmente los niños, tenemos ante la Ley.

Sin duda, la incorporación de estas medidas constituye un avance en la protección a los niños y niñas, ya que una de nuestras preocupaciones es que se les tratara igual que a los mayores de edad, algo que ya habíamos logrado alcanzar a partir de la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, momento en que se reconoce la importancia que tiene distinguir a una persona que es mayor de edad respecto de un niño, niña o adolescente, que se encuentran en una etapa de desarrollo distinta y con recursos psicosociales y emocionales muy distintos a los de un adulto, lo que implica un tratamiento diferenciado para los menores de 18 años.

Ahora, uno de los puntos más relevantes es el rol que tenemos como padres ante este tema, como por ejemplo, saber dónde están nuestros hijos, asegurarnos que cuenten con algún documento identificatorio desde el minuto en que se movilicen solos (más allá de su edad), que cuenten con contactos de emergencia para que, en caso de tener un accidente o al ser controlados y trasladados a una unidad policial, puedan contactarse a la brevedad con un adulto responsable para que estén acompañados mientras dure el procedimiento.

Es decir, que todos nos hagamos parte de la solución y después no tengamos que lamentar un efecto adverso de una ley que, si es bien aplicada, esperamos sea un avance para nuestro país en materia de seguridad ciudadana.

Una vez que sea publicada la Ley, como Servicio daremos a conocer masivamente todas las herramientas que tendrán a disposición los jóvenes para ejercer sus derechos.

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  • Jorge Valenzuela

    Con el continuo ronroneo sesgado sobre los derechos humanos
    se está logrando algo nocivo que justamente va en contra de lo que se quiere establecer; se está banalizando el tema y creando un rechazo que está pasando del nivel subconsciente a un nivel totalmente consciente, en resumen, con ello se está haciendo un flaco favor a aquello que se quiere elevar a la categoría de un absoluto.

    Tal vez una de las muchas causas de esto es justamente el tratar
    de dar carácter de absoluto a algo que en muchos aspectos tiene un fuerte carácter de relatividad.

    En efecto los derechos humanos “inalienables” creo que son
    muy pocos, tal vez son cuantificables con los dedos de una mano: derecho a la vida, igualdad, derecho a juicios realmente justos cuando sea necesario juzgar, respeto a la integridad vital, lo que haría total y absolutamente inaceptable la tortura como medio de cualquier objetivo.

    Tal vez esté omitiendo algunos, pero no creo que sean muchos.

    Si alguien está leyendo esto tal vez se le estén erizando los cabellos y esté al borde del paroxismo, creyendo que está leyendo la opinión de un despreciable representante de las más retrógradas ideas totalitarias.

    Honestamente pienso que no hay nada de eso. El tema es que
    se están metiendo en un solo saco los derechos efectivamente inalienables con otros derechos, que me permitiría calificar de “derechos civiles”, los cuales son parte del Contrato Social y no se tienen como un don sino que se ganan con algo que debe ser su compañero inseparable: el respectivo cumplimiento de un deber.

    Así por ejemplo el derecho a la libre expresión debe ir acompañado del ineludible deber de ser responsable de su uso, el derecho al
    respeto debe ir acompañado del deber de ser respetuoso y así sucesivamente.

    ¿Por qué insistir esto que debiera ser obvio?

    Porque parece que como sociedad aún no superamos el trauma
    que nos dejó la dictadura, violadora sistemática de cuanto derecho pudiera existir y subconscientemente establecemos como posible violación de derechos a cualquier intervención de un uniformado, exagerando, ya casi estamos sospechando hasta del Ejército de Salvación. A su vez, el poder judicial, pareciera que como compensación al continuo mirar al lado en aquellos tiempos
    (desde luego salvo muy honrosas y escasas excepciones) se ha transformado en una suerte de justicia excesivamente garantista, atemorizada además por la defensa cancerbérica de organismos que se han autoatribuído la calidad de defensoras de los confusamente definidos como derechos humanos.

    Curiosamente, producto del sesgo antes comentado, la defensa
    de los derechos se da solo a favor de aquellos que son detenidos por delitos, faltas u otros y los derechos de las víctimas de aquellas acciones no son tomados en cuenta absolutamente por nadie, los
    rimbombantes defensores de su visión de los derechos humanos van a ejercer un férreo control sobre las actividades de las policías y se dan el gusto de ocupar primeras planas con acusaciones sobre el “oscuro” actuar de aquellas, pero jamás se los ha visto visitando a alguna de las víctimas para siquiera darle un apretón de manos que los hiciera sentirse un poco menos abandonados.

    Un efecto nocivo obvio de este actuar sesgado es que tenemos
    policías limitadas al extremo en su accionar y la comunidad se siente huérfana de un apoyo efectivo y vive atemorizada, encerrándose en propiedades enrejadas, con sus muros coronados por alambres de púas o por cercos eléctricos más propios de un campo de concentración que de una vivienda en un lugar minimamente civilizado

    Respecto de los derechos del niño, no debemos olvidar que
    los niños pueden dejar de ser tales, según intencionadamente quienes son responsables de su formación, en lugar de ello los transforman en herramientas de sus sucios y mezquinos intereses y esto va desde los que entrenan delincuentes infantiles hasta aquellos padres que explotan a sus “hijos prodigio” solo con el fin de llenar sus bolsillos y satisfacer su narcisista ego.

    Uno de los subproductos más indeseados (supongo) de la ley
    de responsabilidad adolescente ha sido la proliferación de delitos cometidos por niños que están por debajo de la calificación de “legalmente responsable” desde luego no porque los infantes lo hayan decidido, sino porque están siendo entrenados por sus mayores para obtener sus ganancias sin arriesgar su libertad
    ni comprometer su responsabilidad

    Lo dicho no significa que esté pidiendo a que se seque a cualquier
    infante que haya cometido un delito en una cárcel, es solo que no se puede obviar el hecho de que aquellos son niños deformados y deben ser tratados consecuentemente en forma distinta y racional y se debe establecer un mecanismo que ligue a los efectivamente culpables y los castigue en consecuencia, por de pronto, partiendo por la responsabilidad parental.

    Por último, uno de los derechos del niño es que se le enseñe
    a vivir en el respeto a los derechos y de ello son responsable los padres, que actualmente se las arreglan de cualquier manera para eludir tal responsabilidad, a título de un fementido “progresismo”, renegando de su calidad padres y atribuyéndose la dudosa condición de “amigos” de sus hijos.

    Respecto de la ley control de identidad no debe olvidarse
    que esto existía antes de la dictadura y no se prestó ello a abusos,
    personalmente me tocó enfrentar más de alguno de tales controles y jamás mis derechos o integridad se vieron amenazados. Desde luego pueden e ineludiblemente se van a producir, abusos de autoridad y atropellos a los derechos, por parte de aquellos descriteriados que siempre van a existir porque ello es parte de la naturaleza humana; la responsabilidad es en este caso de los legisladores, buscando
    el justo punto de equilibrio para disminuir (eliminarla es imposible) al mínimo racional aquella posibilidad.