La derecha se dio el gusto de obligar a cientos de miles de familias a pagar por la enseñanza superior el próximo año. Decían que estaban evitando la discriminación y persiguiendo la igualdad, cuando en verdad su problema de fondo tenía que ver con que no querían que la gente tuviera acceso a una realidad que para ellos es impensable: que la educación sea un derecho y no un bien de consumo.
Deben estar felices, deben estar satisfechos de que el derecho a propiedad y la ganancia comercial, prevalezcan por sobre la posibilidad de tener igualdad de oportunidades y una enseñanza pública de calidad al alcance de cualquier persona, independientemente de su origen o sus ingresos.
En la práctica, lo que han hecho es igualar a universidades comerciales, con casas de estudio que han dejado su huella y su impronta en la historia del país.
Lo que han logrado es que el próximo año, no podamos dar el primer paso hacia un país más moderno y justo.
Lo que han ganado, es que se acumule más y más frustración con el sistema político y por esa vía, elevar la presión por cambios drásticos motivados por la radicalización o la presión social y no por el acuerdo y el diálogo.
Es cierto que como partido también hemos reclamado mejorar los mecanismos, el proceso de negociación con los actores y –por sobre todo- aumentar el universo de potenciales beneficiados con las ayudas que el Gobierno está disponiendo en favor de la gente que quiere entrar a la enseñanza superior. Eso no significa que se comparta la apuesta de poner cortapisas y obstáculos insalvables para un cambio tan profundo en la forma de entender los derechos de las personas.
Estábamos a punto de dar gratuidad a cientos de miles de familias y la derecha, la UDI y RN principalmente, lograron que en 2016, esas familias tengan que pagar por un derecho. Es francamente preocupante que le derecha considere un triunfo el hecho de que con recursos que son de todos los chilenos, con recursos que deben solventar las grandes necesidades del país, tengamos que solventar el negocio de privados, más aun cuando esos privados no se hacen cargo de temas tan claves en la educación como es la calidad.
La derecha deniega derechos a Chile. Hace lo mismo cada vez que se intentan tocar los privilegios de algunos sectores y lamentablemente, sigue encontrando aliados en instituciones que al parecer están jugando roles más bien políticos que jurídicos.
Lo que corresponde es que el gobierno actúe rápido y dé a conocer los mecanismos y salidas que tenemos para sacar adelante el beneficio de la gratuidad universitaria. Y concuerdo con la Presidenta Bachelet cuando dice que la derecha no conoce a la Nueva Mayoría si pretende forzarnos a no cumplir la palabra empeñada con la ciudadanía.