Un día como hoy 20 de noviembre, pero de 1989, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el mundo asumía un compromiso: proteger a los niños y resguardar sus derechos, porque tal como sostiene la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada 41 años antes, la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
Para promover y celebrar los derechos de los niños, se estableció la fecha del 20 de noviembre como el “Día Universal del Niño”, buscando reforzar su importancia y recordar que, tal como dijo hace un año el Secretario General de Naciones Unidas, “lo único que todos los niños tienen en común son sus derechos. Todo niño tiene derecho a sobrevivir y prosperar, a recibir una educación, a no ser objeto de violencia y abusos, a participar y a ser escuchado.”
La Convención de Derechos del Niño es el tratado internacional de derechos humanos más ratificado a nivel planetario, establece una serie de derechos de los niños, incluidos los relativos a la vida, a la salud, a la educación y a jugar, así como el derecho a la vida familiar, a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones.
La Convención de Derechos del Niño establece que la familia es el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, y por lo tanto debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Reconoce además que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
La Convención suscrita por Chile en 1990 establece los estándares mínimos de satisfacción de derechos y el proyecto de Ley de garantías de derechos de infancia y adolescencia que ya entró al parlamento a fines de septiembre, reconoce y hace suyos los compromisos asumidos por Chile adecuando su normativa e institucionalidad a este tratado internacional votado de manera unánime por el parlamento de la época.
En estos años hemos realizado importantes avances en materia de infancia con la creación del subsistema de protección social Chile Crece Contigo; la norma que establece la igualdad de todos los hijos ante la ley; el pos natal de seis meses, la ley de responsabilidad penal adolescente y la transformación de la justicia de menores, entre otros temas.
El compromiso que asumimos como Estado al firmar la CDN nos mandata a reconocer a los niños como sujetos de derechos, como titulares de todos los derechos –de aquellos reconocidos a todas las personas y de los específicos en atención al tramo de la vida en que se encuentran; además, y esto es parte del cambio de paradigma, reconocerles la capacidad para ejercer estos derechos.
¿De qué forma? De manera progresiva, en función de su edad y madurez, lo que se conoce en el mundo de los derechos de la niñez y en la academia como autonomía progresiva. En los hechos, los niños no comienzan a ejercer sus derechos ni a decidir respecto de su propia vida el día que cumplen los 18 años y los estimamos como adultos, sino que este es un proceso paulatino.
Tomarse en serio los derechos de los niños es abandonar la mera retórica de que los reconocemos. El reconocimiento debe ir de la mano con las medidas que garanticen y protejan el ejercicio de los mismos, no solo por sus representantes (padres o personas que los tengan bajo su cuidado), sino que también por los niños mismos, en la medida en que conforme a su autonomía progresiva los puedan ir ejerciendo.
Los adultos debemos comprender que los niños tienen nuestros mismos derechos, y que parte de nuestra labor es guiarlos en su ejercicio. No cabe aquí ninguna forma de castigo, corrección ni mucho menos la violencia física o psíquica, que aun en aquellos casos en que se ejerce con intenciones formativas, constituye una violación flagrante de sus derechos.
Los niños no deben ser personas de una clase inferior al interior de las familias ni tampoco para el Estado. Por ello estamos trabajando para darle a Chile un sistema de garantías de derechos que permita transformarnos en un país más democrático e inclusivo, en el que se respeten los derechos fundamentales de la niñez y sobre todo que nos permita reconocerlos como personas integras que aportan al crecimiento y el desarrollo del país con su ingenio, cariño y creatividad.