Esta columna de opinión pretende plantear una perspectiva sobre el tema del aborto desde una mirada humanista cristiana.
Efectivamente, se ha planteado una falsa disyuntiva para enfrentar un debate, diseño y ejecución de una política pública sobre el aborto, la cual es vista desde la perspectiva de los derechos de género o desde la perspectiva de la salud pública. La realidad del aborto en Chile implica ambas perspectivas y otras tantas.
Sin duda es un problema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en cuanto afecta su autonomía y capacidad para autodeterminar conductas que tiene sanción penal, pero también tiene un enfoque sanitario por cuanto constituye el más masivo procedimiento sanitario clandestino con riesgos que están relacionados directamente al nivel de vulnerabilidad socio-económico de las mujeres involucradas.
Todo lo anterior bajo el debate de la vida y la conceptualización de la persona humana, la dignidad y la distinción entre la ética y la ley.
El proyecto de ley presentado por el gobierno sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo —el cual comparto y apoyo— si bien está limitado a excepcionalísimas situaciones, ha abierto un debate mucho más amplio sobre el aborto. Enfrentar dicho debate es un imperativo ético que no podemos esquivar.
De hecho, por cada día que debatimos sobre el aborto se producen entre 36 y 411 abortos al día, dependiendo de la fuente o estudio que utilicemos para acercarnos a la cifra negra de abortos en Chile. Muchos de ellos en condiciones que ponen en peligro la vida y la integridad de las mujeres involucradas, con un indicador claro: a mayor vulnerabilidad socio-económica mayor riesgo de la vida e integridad de la mujer.
Los 13.000 abortos al año —por utilizar la cifra más moderada— nos exigen una intervención directa sobre el problema independiente de la posición filosófica o política sobre el aborto.
En lo personal, y en términos generales, soy contrario a la práctica del aborto por profundas convicciones personales, pero tengo serias dudas sobre el momento del inicio de la vida como persona humana que ni la filosofía ni la ciencia médica me han dado las herramientas para responder.
Pero el debate que pretendo instalar no lo quiero plantear desde dicho eje de convicciones, sino desde el eje de las políticas públicas que tienen que responder a un problema central: los 13.000 (o 150.000) abortos al año en Chile.
Si bien todos plantean el problema, el conjunto de la sociedad chilena y el Estado establecen un statu quo para enfrentarlo. Actualmente existe una norma que penaliza el aborto, que, y conforme a esa norma, existirían entre doscientos mil y dos millones de “delincuentes” por la participación, en distintos grados, en la ejecución de dichas figuras penales, con acciones no prescritas y sin ninguna política pública seria que pretenda directamente bajar las cifras negras de aborto.
Es en este punto donde se abre un nuevo eje del debate, para bajar las cifras de aborto en Chile se requiere una batería de medidas que comience por la despenalización del aborto.
Ninguna política pública que tenga por objetivo bajar las cifras negras del aborto en Chile puede comenzar con la amenaza y poder coercitivo del Estado de meter en la cárcel a la mujer embarazada que pretende interrumpir su embarazo. En forma paralela se deben trabajar propuestas que apoyen a las mujeres que bajo ciertas condiciones de riesgo o vulnerabilidad se plantean la posibilidad del aborto.
En tal sentido iniciativas como un proyecto de ley de Apoyo Integral al Embarazo Vulnerable impulsado por un grupo de diputados parecen ser la vía adecuada para enfrentar de forma integral el grave problema de las cifras negras de aborto en Chile. Pero dichas políticas públicas no se pueden desarrollar con una “espada de Damocles” sobre las cabezas de las mujeres con un embarazo vulnerable.
Es una falacia cuando se pretenden argumentar que manteniendo penalizada la conducta del aborto se está protegiendo la vida del que está por nacer, por cuanto está demostrado estadísticamente que las acciones penales ejercidas para perseguir dichas conductas son ínfimas y la cantidad de sancionados son aun menores.
Para ser coherente con la propuesta de mantener el aborto como figura penal deberían proponer una serie de medidas (como fiscalías especiales, jueces de dedicación exclusiva, departamentos policiales dedicados al tema, entre otros) dado el gran volumen de abortos producidos al año.
La pena en el aborto es una figura decorativa desde la perspectiva de la política pública (tomando un concepto amplio de política pública), pero fuertemente intimidatoria para mantener un sistema clandestino de aborto con un fuerte componente de discriminación social y económica en la población chilena.
Como demócrata cristiano participaré en el VI Congreso Nacional del PDC, este es un debate que necesariamente tenemos que dar los militantes de los partidos políticos que juegan un rol insustituible dentro del Estado chileno, pero con verdadera participación de las mujeres en dicho debate.
Desde la perspectiva humanista cristiana tenemos que desarrollar una propuesta que recoja, por una parte, conceptos como la misericordia y la compasión (una de las fuentes del humanismo cristiano lo constituye la filosofía cristiana, donde se han desarrollado dichos conceptos), y por otra parte, la realidad de que la sanción penal del aborto no cumple ninguna de las funciones que debe cumplir la pena, no se está protegiendo el bien jurídico presente en la figura del aborto y constituye una norma socialmente discriminatoria (la realidad es otra de las fuentes del pensamiento humanista cristiano).
La perspectiva de la despenalización del aborto y su regulación es un debate abierto en la sociedad chilena, la realidad de la inmensa cantidad de abortos clandestinos es un imperativo ético a la acción, la respuesta de un pensamiento humanista cristiano que supere una respuesta simple de un articulado del Código Penal es un desafío del humanismo cristiano del siglo XXI.