Catorce puntos tiene la propuesta sobre educación que los presidentes de los partidos de la Concertación han hecho llegar al gobierno. La mesa pareciera servida para iniciar la consabida negociación.
No obstante, algunos puntos concertacionistas son bastante divergentes del contenido del GANE.
Las diferencias son manifiestas, al menos en los papeles. Lamentablemente la propuesta opositora se queda corta en un aspecto fundamental: cómo resolver los asuntos contenciosos.
¿Podrá operar una vez más el “consenso”, a veintidós años del desplazamiento del Pinochet? Lobistas e intermediadores asoman la cabeza y lo proponen. Pero la mayoría de los ciudadanos ya sabe en qué consiste: el gobierno sube algo la puntería, la oposición la baja, cualquiera sea la coalición que ocupa una u otra posición.
De ese modo Chile ha sido capaz de producir en el último lustro a lo menos dos “grandes acuerdos” en materia de educación, uno de ellos celebrado con himno nacional y todo por los jefes de los seis partidos de la Alianza y la Concertación, más la Presidenta de la época, tomados de la mano.
El segundo, aprobado a comienzos de este año, fue precisamente la gota que colmó al diputado Sergio Aguiló, que decidió derechamente renunciar a una larga militancia y expresar libremente sus puntos de vista de izquierda.
En su reciente propuesta la propia Concertación no puede menos que dar cuenta de la necesidad de ampliar el círculo estrecho de los “consensos” y hacer un debate más amplio con dirigentes y organizaciones sociales.
Sin duda una iniciativa bien orientada, que significa un paso adelante. Pero, es un paso demasiado corto porque sigue manteniendo la decisión final respecto a las diferencias en manos de los grupos dirigentes y sus habilidades negociadoras.
Si bien podría sostenerse que en determinados momentos de la vida de los países los acuerdos entre fuerzas políticas contrapuestas son necesarios, es imposible pretender que esa forma de resolver los asuntos públicos sustituya durante decenios a la libre y decisiva expresión de la voluntad ciudadana.
La democracia ha sido concebida para que mayorías y minorías se expresen y diriman sus diferencias mediante el sufragio. Sin diferencias no funciona la democracia.
Tampoco es necesaria si las discrepancias se resuelven una y otra vez por un mismo grupo dirigente transversal que perdura o que rota entre La Moneda y el Congreso, entre la oposición y el gobierno.
Lamentablemente muchos conciudadanos han llegado a esta conclusión hace mucho tiempo y simplemente no participan ni ejercen sus derechos en las instancias políticas establecidas que, lejos de desplegar las virtudes de la democracia, consagran muy severas limitaciones a su efectivo ejercicio.
Vivimos una etapa en que los ciudadanos aspiran a hacerse escuchar y a ejercer su derecho a participar y a decidir. Ese es uno de los significados de las protestas, marchas, tomas y manifestaciones creativas de las que estamos siendo testigos. Por eso a la propuesta de la Concertación le falta un punto 15: un método democrático para resolver las discrepancias.
A lo menos se requiere consagrar constitucionalmente, debidamente reglada, la institución del plebiscito para que efectivamente opere como instrumento político y ciudadano para que las chilenas y chilenos opinen y decidan. Democráticamente.