Desde hace seis años, cada 31 de marzo se celebra en Chile el Día de las Regiones. Esta conmemoración no surgió únicamente para destacar la variada riqueza cultural, calidez de las personas y hermosos parajes que nos regala cada región del país. Fue también para enarbolar un símbolo político, una aspiración de un país más descentralizado, con mayor cohesión territorial, en el que las regiones sean protagonistas de sus propios procesos de desarrollo.
Pues bien, ¿qué hay de eso? Muy poco. Pero seamos honestos, la historia chilena ha sido extremadamente mezquina con sus regiones. El tiempo reciente fue algo menos tacaño, lo que augura expectativas que de no capitalizarse pronto quedaránen un cúmulo de buenas intenciones inmaterializadas o, derechamente, fracasadas.
Se podrá decir que la descentralización ha avanzado tímidamente, que está hecha a la chilena, pero los últimos tres a cuatro años ha sido de lo más activo que Chile ha experimentado en descentralización regional desde la creación de los Gobiernos Regionales (Gores).
La elección popular mediante sufragio directo de los Consejeros Regionales (Cores) fue el principal paso en descentralización en 20 años. Luego se organizó la Comisión Asesora Presidencial, que reunió a políticos, académicos y líderes de distintas tendencias ideológicas para llegar a un consenso que se plasma en una serie de propuestas. Parte de ellas fueron comprometidas por la Presidente de la República e incluso, se ingresó una reforma constitucional que permite la elección democrática del Intendente.
Se debe tener claro que únicamente la elección de los Cores, por trascendental que sea, jamás iba a transformar a Chile en un país descentralizado. Este acontecimiento no iba a sacar al país de la posición en que se encuentra: el más centralizado de Sudamérica y de la OCDE. La sola elección del intendente tampoco lo logrará. Sólo llevará a Chile a un piso mínimo que comparten nuestros pares: las principales autoridades de todos los gobiernos subnacionales son escogidas democráticamente.
¿Es importante ello? Por supuesto que sí. Uno de los bastiones de todo proceso de descentralización es la capacidad autónoma que tienen los territorios para tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, lo lógico es que la descentralización comience por el hecho de que la ciudadanía regional escoja a sus respectivas autoridades y que ellas, una vez en sus cargos, tomen decisiones de acuerdo a las propias aspiraciones regionales.
Ese es sólo el comienzo, “un piso mínimo”, pero no por ello una situación ideal.Hoy las funciones de los Cores son exactamente iguales a las ejercidas en el pasado, cuando eran escogidos por concejales municipales y, si la reforma constitucional es aprobada tal como está, los intendentes electos no harán nada nuevo en relación a las funciones de ejecutivo del Gore actual.
Esto pasa porque la descentralización política debe ir reforzada con reformas que apunten también a la descentralización fiscal y administrativa. En el mundo no existen modelos de descentralización exitosos que desarrollen sólo una de sus áreas. La descentralización política, administrativa y fiscal están estrechamente ligadas, se retroalimentan. Para generar un proceso virtuoso, se requiere que ellas tengan un crecimiento armónico de acuerdo a las características de cada país.
Cuando se aprobó la elección democrática de los Cores hubo un claro consenso: no era suficiente para transformarnos en un país descentralizado. Se acordó paralelamente una serie de reformas que por razones de contingencia política no lograron prosperar. Parte de esas fueron recogidas por la Comisión Asesora Presidencial, lo que demuestra cierto nivel de continuidad temática.
Así es como hoy se encuentra en espera una serie de reformas que apuntan a otorgar mayores atribuciones a los Cores, traspasar nuevas competencias y atribuciones a los Gores, crear servicios públicos regionales, generar nuevos instrumentos de planificación territorial, aumentar el FNDR (que no tuvo ningún incremento importante en el presupuesto 2015), crear modelos de gobierno especiales para las áreas metropolitanas (absolutamente necesarios para Santiago, Valparaíso y Concepción), fortalecer las estructuras internas de los Gores, y un largo etcétera.
¿Qué ha pasado con ello? No mucho. Parte importante de lo expuesto está considerado en un proyecto de ley orgánico constitucional que se tramita desde septiembre de 2011. Hasta inicios de 2014 estuvo en el Senado y, desde entonces, se encuentra en la Cámara. Casi cuatro años han transcurrido y sólo ha avanzado hasta el segundo trámite constitucional. Si bien es un proyecto que retomó la actual administración, incluyéndole mejoras a través de una indicación sustitutiva, en la actualidad no tiene ninguna urgencia. Y para colmo, se prevé que la reforma constitucional que contiene la elección del intendente requerirá una negociación bastante más compleja que la esperada originalmente.
Lo que hasta hace pocos meses se preveía como un caldo de cultivo auspicioso para las reformas descentralizadoras que el país necesita, como jamás lo tuvo, hoy se palpa un escenario menos optimista. Quienes aspiran a contar con un país más descentralizado, observan con ojos aterrados cómo, una vez más, está pasando frente a ellos una oportunidad única que no se logra capitalizar. Mientras que son otras las prioridades legislativas, además de los escándalos de uno y otro lado, que están eclipsando el debate político.
Si se espera que la descentralización se alcance sólo con la elección de los Cores y del intendente, fracasaremos rotundamente. Se transformará en el argumento fácil, simplista, para conservar el centralismo y decir “¿vieron? La descentralización no sirvió para nada”.