Se ha instalado un debate en la agenda pública sobre las contradicciones y falencias que rige la Ley de Drogas.En efecto, la Ley 20.000 no sanciona el consumo personal y privado de cualquier tipo de drogas.Se sanciona el porte.
Es decir, se debe demostrar que es para consumo personal y próximo en el tiempo. En su artículo cuarto, la ley señala que “…será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 10 a 40 UTM, a menos de que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”.
En medio de esta discusión, prácticamente la totalidad de las revistas, periódicos, diarios, radios, canales de TV, han instalado con fuerza una creciente demanda de las personas por la despenalización del autocultivo y porte de la cannabis, conocida popularmente como marihuana.
La experiencia internacional muestra que en los casos de Holanda, en 20 Estados de EEUU, y recientemente, en Uruguay, se han buscado soluciones públicas que consideran la libertad individual como un derecho, y que estos países han sido capaces de tener un acuerdo responsable sobre esta materia.
Uruguay se sobrepuso a las críticas y avanzó con el propósito de combatir el narcotráfico, y está poniendo en marcha la regulación estatal de la venta, como del autocultivo personal y colectivo.
Estamos en medio de un proceso de transformaciones en los acuerdos internacionales sobre las drogas. En 2013, la OEA señaló en la Declaración de Antigua, Guatemala, “que, como parte de la construcción de una política integral de drogas en el hemisferio, que adopta un enfoque multidimensional, se requiere: incorporar los aprendizajes de países y gobiernos sub-nacionales que han despenalizado la posesión y consumo personal de drogas ilícitas”.
En el año 2012 ocurrió un hecho insólito en Chile.El siquiatra Milton Flores, a través de la Defensoría Penal Pública, formalmente reclamó el respeto a su libertad fundamental de realizar autocultivo de cannabis, en el marco de una investigación en desarrollo humano y adicciones.El 16 de abril de este año inició un ayuno indefinido por la criminalización que se hace de personas que deciden, en el ámbito privado y sin fines comerciales, cultivar marihuana para su uso sacramental, medicinal y recreativo, y ha puesto en peligro su propia vida, por lo que considera un derecho inalienable.
Nuestro Congreso no ha estado ausente de este debate. Cabe señalar que varios parlamentarios han levantado su voz de respaldo frente a esta demanda. Los senadores Fulvio Rossi, Alfonso De Urresti, Juan Pablo Letelier, Rabindranath Quinteros, Alejandro Guillier y Alejandro Navarro, han apoyado su causa.
También las y los diputados Vlado Mirósevic, Alberto Robles, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Karol Cariola, Guillemo Tellier, Marcelo Schilling, Leonardo Soto y Maya Fernández, han solidarizado con el siquiatra.
En una sociedad cada vez más abierta y globalizada, donde la conciencia sobre los derechos de las personas es más fuerte, y el respeto por las libertades individuales se profundizan, la existencia de un Estado penalizador de hábitos individuales inocuos, es anacrónico.
De hecho, si se comparan los efectos de la cannabis sativa con el alcohol y el cigarrillo, resulta ser menos dañina para la salud. Del mismo modo sucede con las drogas llamadas “lícitas”, como ansiolíticos, calmantes, adelgazantes, entre otros, que producen adicciones o efectos laterales.Basta comparar los índices de enfermedades y muertes que provocan los usos de las drogas legales, frente al consumo de la marihuana, que no tiene ningún índice de mortandad asociado.
Por eso, no es raro que actualmente sean cada vez más difundidos sus beneficios para la salud de enfermos de cáncer, glaucomas, problemas a los huesos, trastornos ansiolíticos, como también para el uso de productos cosméticos y tratamientos para la piel; e incluso, para enfermedades terminales, por su calidad de calmante y generador de apetito.
En este sentido, es importante señalar la constitución de la Mesa de Trabajo conformada por los Ministros José Antonio Gómez de Justicia, y Helia Molina de Salud; por los subsecretarios Mahmud Aleuy, del Interior y Antonio Frey, de Prevención del Delito; y la Directora del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Lidia Amarales, con el objeto de revisar la actual Ley de Drogas, y perfeccionarla.
En ese mismo sentido, comparto la opinión de la Ministra Molina acerca de definir la viabilidad del uso terapéutico y el autocultivo de la cannabis.
Tenemos que tener un enfoque racional sobre la materia, que incorpore la opinión ciudadana, y que sea eficiente, a través de una Ley que persiga a las mafias y a los traficantes, y no a las personas que individualmente optan por un consumo medicinal o recreativo, sin afectar la vida de terceros.