A cuatro años del 27F, los anuncios del actual gobierno para instalar la sensación de un sistema robusto se han incrementado significativamente durante los últimos dos meses de administración.
A un sistema de alerta vía mensajes telefónicos que solo es compatible con el 14% de los teléfonos celulares (los clientes son menos), se le ha sumado la distribución de 522 equipos de radio que utilizarán la infraestructura de telecomunicaciones existente de Carabineros intentando instalar en la comunidad la sensación de solidez en las comunicaciones a nivel nacional y un SHOA que ha señalado públicamente que deberíamos ser envidia internacional al contar con más boyas, cuando un sistema de alerta temprana de maremotos para Chile debe establecerse sobre el dato obtenido de la red sismológica nacional, son algunos de los anuncios que han establecido un panorama poco alentador para el manejo de emergencias y que deberá enfrentar el nuevo gobierno, cuya primera prueba deberá pasarla probablemente, si es que no es antes, durante abril con alguna lluvia en la zona central.
La gestión de emergencias se ha politizado de manera significativa, y lamentablemente no de la mejor forma.
A medida que los países se desarrollan, en lo económico y cultural, las emergencias cotidianas y pequeñas, así como las de gran envergadura, son percibidas por las comunidades como parte de las preocupaciones esenciales en materia de seguridad pública.
Mientras en Chile la transición en esta materia ha sido lenta, pues teniendo un país cercano al desarrollo mantenemos un enfoque tercermundista, y principalmente enfocado al control de la delincuencia, la comunidad empieza a reaccionar cada vez de manera más intensa frente a las emergencias.
Esto en una sociedad hiper conectada, ha hecho que las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales masifiquen de manera casi instantánea cualquier incidente.
Sin embargo la reacción simple de nuestras autoridades, ha sido abordar este ámbito con una mirada cada vez más cosmética y superficial, centrado en la contienda política y el efecto mediático, más que en cambios reales.
Lo complejo es que el efecto de lo anterior no es inocuo en materia de gestión de emergencias, pues mientras se debe establecer un sistema robusto que aborde la mitigación y prevención, preparación, respuesta, recuperación adecuada, la creación de expectativas, o simplemente comunicar fortalezas que no son tales, impacta fuertemente en la percepción de una comunidad.
Es decir, ante anuncios de más robustez, la comunidad responde sintiéndose más segura y actuando sobre esa base, pudiendo incluso disminuir su interés por prepararse. Sin embargo, al momento de la próxima emergencia, todo se transformará en frustración ante los resultados, dañando seriamente el pilar más importante en esta materia, la confianza de la comunidad.
En los últimos dos meses, y probablemente en esta semana en la cual se recuerda el cuarto aniversario del 27F, dichos anuncios se harán con especial fuerza, pareciéndose más a la puesta en escena de la tristemente anunciada ONEMI 2.0, que a un cambio real, probablemente buscando cerrar comunicacional y políticamente un capítulo, y por cierto abrir uno nuevo.
Efectivamente, el capítulo que se abre se relaciona con un nuevo gobierno, cuyas preocupaciones de instalación hace que las emergencias no sean necesariamente una prioridad actual, especialmente si existe la sensación de un sistema eficiente.
A cuatro años del terremoto, seguimos con una red sismológica frágil, con cerca de 500 instrumentos guardados en bodegas o simplemente no entregando información de manera eficiente y en tiempo real para la determinación de hipocentro y magnitud, esencial para la alerta de maremoto (cerca de U$18 millones), sino que además el nuevo gobierno, es de esperar que sea antes de la próxima emergencia, deberá asumir una ONEMI con baja credibilidad, escaso liderazgo, frágil institucionalmente, y peor aún, más débil técnicamente. En resumen, un panorama más complejo que para el 27F de 2010.
Pero eso no es todo, el cierre del gobierno, una Política Nacional para la reducción de riesgos – la que no existió en 4 años y que se elabora al finalizar el mandato para el próximo gobierno- y la entrega de proyectos escritos en los últimos meses para ser desarrollados por la futura administración, son parte de las iniciativas y anuncios que establecerán un escenario complejo para las nuevas autoridades, pues todo indica que la “robustez” con que se entrega el sistema no es tal en lo real, pero sí en el mensaje que se proyecta por los medios de comunicación.
Y como sabemos que las emergencias ocurrirán, simplemente es posible anticipar que la gestión de estas pueden llegar a ser un dolor de cabeza para una administración que aún no asume, donde sus capacidades y aprendizaje es inevitable que sean puestos a prueba con especial exigencia en lo político y operacional, pero por sobre todo en lo social.