Acusando recibo del estruendoso derrumbe del sistema de acreditación de la educación superior privada, el gobierno -finalmente- se movió de su posición de observador sin propuesta, para informar que enviará -según se dijo- prontamente al Congreso Nacional un proyecto de ley que permita reemplazar la hoy muerta en vida Comisión Nacional de Acreditación, por una nueva Agencia estatal que esté en condiciones de legitimidad esenciales para hacerse cargo de tales de funciones.
Aunque sea muy tarde, es preferible que la máxima autoridad pública muestre alguna iniciativa y no pretenda asilarse en una imposible prescindencia.
Por nuestra parte, he propuesto disolver la CNA y su reemplazo por un Consejo Nacional cuya designación sea responsabilidad de los poderes públicos electos por votación popular y la comunidad universitaria. Lo que ha filtrado a través de la prensa es una alternativa distinta, trasladar esta decisión al Consejo de Alta Dirección Publica, previa alguna etapa de postulación y selección.
Diferimos completamente de esa idea. En ese mecanismo el pluralismo no está asegurado. Por el contrario, puede ser simplemente un paréntesis tecnocrático para que luego vuelvan a lograr primacía los mismos intereses corporativos que hundieron en el fango a la entidad que colapsó, en medio de un escándalo nacional.
El actual Ejecutivo no puede pretender prolongar su influencia más allá de su mandato.
Mucho critica el gobernante a sus antecesores, pero la raíz de la corruptela que se generó radica en que el conflicto de interés se instaló en el centro mismo de la CNA potenciando el descontrol de los intereses corporativos que se debían regular y no patrocinar por aquellos llamados a resguardar el interés público.
Por ello, me permito insistir en un procedimiento político-institucional que garantice pluralismo y transparencia: dos miembros nombrados por la Cámara de Diputados, dos por el Senado, así como otros dos procedentes de la comunidad universitaria y un séptimo designado por el Presidente de la República.
El descrédito de la CNA exige ir más allá de la cosmética. Lo que se necesita es que los intereses corporativos no vuelvan a apropiarse de lo que no deben: los organismos públicos que deben asegurar la correcta determinación del bien común y no el desate de la codicia.