El titular del diario La Segunda de ayer era “Clínicas: precio todo incluido para 20 cirugías” . Al leer el artículo se informa como una gran novedad que a contar de una mesa de trabajo donde participa, entre otras instituciones gubernamentales, la Superintendencia de Salud, en el mes de junio del 2013 se contará con la información de cuánto será el valor final de una operación en una clínica privada.
Situación que debería estar clara y expuesta según consta en la ley de Derechos y Deberes de los Personas a partir del mes de octubre en curso.
Esta normativa es la única que aún estaba pendiente de la Reforma de Salud del gobierno del Presidente Lagos. Se tramitó por más de 10 años en el Congreso y finalmente, el 24 de abril de 2012, fue publicada en el Diario Oficial y entró en plena vigencia este mes de octubre.
Por tanto, llama la atención que la Superintendencia de Salud en vez de estar sancionando que la ley no esté operativa en los prestadores privados ande impulsando y publicitando mesas de trabajo que tendrán resultados tardíos para el cumplimiento de la ley.
Al parecer cuando se trata de nuevos derechos para los ciudadanos y ciudadanas el gobierno tiene prioridad en mantener las regalías del sector privado más que en reconocer, fiscalizar el acceso y garantizar la protección de ellos.
Para que no nos sigan pasando “gato por liebre” en salud, los ciudadanos y ciudadanas debemos estar conscientes de nuestros derechos y actuar como tales.No cómo meros pacientes no empoderados frente al sistema de salud,por ello es necesario educar e informar los alcances de la nueva normativa, la cual señala entre otros aspectos:
Los prestadores (públicos y privados) deben mantener una base de datos actualizada con los precios de las prestaciones, insumos y medicamentos. Se informarán los plazos para el pago al momento del ingreso del paciente.
Se regula el derecho de los pacientes a ser informados, en forma completa, oportuna, veraz y comprensible, acerca del estado de su salud, del diagnóstico de su enfermedad, tratamientos, riesgos, exámenes y procedimientos practicados, y medicamentos suministrados.
Los pacientes pueden otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento en forma libre, voluntaria, expresa e informada. Si su estado es terminal tiene derecho a optar si desea o no un tratamiento que puede prolongar artificialmente su vida.
Tanto el prestador como quienes integran el equipo de salud deben cumplir con los protocolos de seguridad y calidad de atención en materias como: infecciones intrahospitalarias, identificación y accidentabilidad de los pacientes, errores en la atención de salud, y en todos aquellos eventos adversos evitables. El paciente tiene el derecho de ser informado acerca de la ocurrencia de un evento adverso.
Las personas deben recibir un trato digno y respetuoso en todo momento. Se debe utilizar un lenguaje adecuado y comprensible. No se podrá grabar ni fotografiar a los pacientes sin una autorización escrita otorgada por él o su representante legal.
Toda persona tiene derecho a la compañía de familiares y amigos cercanos en su hospitalización y con ocasión de prestaciones ambulatorias.
También pueden recibir oportunamente consejería y asistencia religiosa o espiritual.
En los territorios con alta concentración de población indígena se deberá aplicar un modelo de salud intercultural con facilitadores interculturales y señalización en el idioma del pueblo originario y asistencia religiosa propia de su cultura.
La ficha clínica permanecerá por al menos 15 años en poder del prestador, quien será responsable de la reserva del contenido, y no podrá ser entregada a terceras personas que no tengan relación con la atención de salud del paciente.
Toda persona tiene derecho a efectuar las consultas y reclamos que estime pertinentes respecto a la atención de salud recibida.
Nunca más puedo llevarme una receta de un médico sin que entienda lo que dice.
Nunca más debo salir de una consulta sin saber por qué debo tomar un determinado medicamento. Nunca más puedo ser hospitalizada sin saber la forma de pago. Nunca más debo ingresar a una operación programada sin saber el monto final que tendrá la prestación.
Todo ello tiene vigencia a partir de octubre esperamos que la Superintendencia de Salud comience por validar su rol de defensa a los intereses y derechos de los ciudadanos y ciudadanas más que de los prestadores.