Hace una semana los senadores Girardi y Cantero, solicitaron por la prensa una investigación para saber qué ha ocurrido con los 18 millones de dólares que fueron aprobados durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet con el fin de fortalecer la red sismológica nacional.
Millones más, millones menos, denuncias aquí, anuncios allá, la verdad es que resulta preocupante y compleja la situación que enfrenta el Gobierno y el sistema de monitoreo y alerta de tsunamis por estos días, al conocerse públicamente que la mayor parte de esta millonaria inversión se encontraría en bodegas de la ONEMI.
La verdad es que a poco de cumplir 3 años después del 27F, ninguno de los instrumentos adquiridos con los 18 millones de dólares ha sido conectado o es parte de la red sismológica nacional, que desde 1908 ha desarrollado y gestionado la Universidad de Chile.
Resulta técnica, económica y políticamente incompresible que ONEMI, en ese entonces bajo la dirección de Vicente Núñez, haya ordenado la devolución de los instrumentos por parte de la Universidad de Chile, institución que por más de un siglo ha desarrollado las competencias técnicas y científicas, en definitiva, el conocimiento y experiencia necesarios, para desarrollar y manejar la red sismológica nacional.
Toda esta situación es poco consecuente considerando que fue el mismo Núñez quien al dejar el cargo señaló: “Dejo la Onemi con la profunda satisfacción de haber podido junto a ustedes reconstruir nuestra Onemi y con el legítimo orgullo de ver que el país vuelve a creer en nosotros”.
El 27F no sólo es una fecha dolorosa para cada uno de las chilenas y chilenos de Arica a Punta Arenas, sino que además ha quedado en la historia nacional como una fatídica noche cuyo sufrimiento por parte de miles de familias aún persiste.
Algunos viven con la pena de haber perdido un ser querido, otros aún permanecen de allegados o en campamentos. También fue una fecha en la que se levantaron promesas, se realizaron anuncios y el Gobierno aseguró, entre otras cosas, que contaríamos con un sistema para la gestión de emergencias robusto.
La realidad, al menos en lo que respecta a la red de monitoreo sismológico y alerta de tsunamis, nos señala lo contrario. Salvo unos pocos instrumentos que la Universidad de Chile ha instalado producto de sus proyectos científicos con instituciones internacionales, el Gobierno no ha aportado a la red ni uno solo de ellos. Es decir, la red sismológica sigue siendo la misma del 27F.
La Universidad de Chile ha mejorado la gestión y operación de lo existente, y ha implementado un método que permite determinar la ocurrencia de un potencial tsunami a partir de datos sísmicos, es decir, con aquellos signos que son captados por los instrumentos en el mismo momento de la ocurrencia de un sismo.
Sin embargo, cientos de instrumentos de alta complejidad llevan almacenados cerca de dos años en bodegas de ONEMI, con el riesgo de deterioro e incluso de quedar obsoletos por el avance de la tecnología, sin haber alcanzado a prestar el servicio que justificó esta millonaria inversión por parte del Estado.
El problema no se termina con la decisión del ministro Rodrigo Hinzpeter de devolver los instrumentos a la Universidad de Chile. El simple traspaso de este material es un acto que permite al ministerio del Interior deshacerse del bodegaje de estos dispositivos y cargárselo al Servicio Sismológico de la Universidad de Chile.
Acá se requieren recursos para poner en funcionamiento esta tecnología en la que se invirtieron más de 11 millones de dólares. Así, pasa el tiempo y la red no se ve robustecida. Instalar estas herramientas que, por ahora sólo ocupan espacio en las bodegas de ONEMI, podría demorar fácilmente 4 años, y ya se perdieron 3 desde ocurrido el terremoto.
Más del 40% de la energía sísmica del planeta se libera en Chile, siendo los terremotos las emergencias de origen natural que han costado más vidas y generado las mayores pérdidas materiales para el país.
Si partimos de esa base, resulta urgente que el Gobierno y parlamentarios asuman su responsabilidad frente a una situación como la descrita. Campañas más, campañas menos, un concejal por aquí o un alcalde por allá, hay cerca de 600 instrumentos esperando ser instalados y entrar en operación con un sólo objetivo, proteger y salvar vidas.