La seguidilla de casos conocidos por la opinión pública, primero como sobreprecios en licitaciones para adquirir equipos antidroga, y ahora como cohecho, son sólo una muestra de lo que ocurre en un Ministerio de alta sensibilidad como es el ministerio del Interior.
Pero no se trata de hechos aislados ya que a ello debemos sumar lamentablemente el aumento en la delincuencia, el fracaso de los planes para combatir el narcotráfico que, además,se introduce en las esferas estratégicas de control para expandir su oscuro poder, las denuncias en contra de funcionarios de la PDI, la droga incautada que se extravía y que se declara incinerada sin estarlo, y el uso inaceptable del abuso policial en manifestaciones ciudadanas para reprimir la disidencia.
En su campaña presidencial del año 2009, el actual Presidente, entonces candidato por la Coalición por el Cambio, prometió “eficiencia y excelencia” y como una de sus primeras promesas, enarboló la bandera de la lucha contra la delincuencia, asegurando que terminaría “la fiesta de los delincuentes”. Su periodo ya culmina y las cifras reflejan todo lo contrario y estos hechos escandalosos, especialmente el extravío de droga con el compromiso de algunos que circulan en los pasillos de La Moneda, reflejan que algo anda muy mal.
La necesaria autocrítica es sana. Por ello sorprende que algunos voceros de Gobierno insistan en señalar que “han sido proactivos” y que quienes denuncian y fiscalizan “hacen uso político de estos casos”, que, dicho sea de paso, suman y siguen.
Después de 31 meses de gobierno, la delincuencia le ha ganado la batalla a este Gobierno y no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Por ello, llama la atención que parlamentarios oficialistas “acusen” a la oposición de “hacer uso político de estos temas” cuando en realidad la naturaleza de la situación que se vive en el ministerio del Interior, es precisamente de carácter político y no administrativo y su solución es, entonces, también política.
Para encontrar esa solución, se esperan liderazgos que rompan los tradicionales esquemas de Partidos para encontrar caminos comunes que destruyan hoy y, no mañana, las enmarañadas redes del narcotráfico presentes en el epicentro de las Instituciones que tienen -justamente-la misión de enfrentarlo
Cuando desde la oposición se pide, por lo tanto, enmendar el rumbo, asumir las debilidades y revisar el uso de los recursos públicos en estas materias, lo que se está haciendo es advertir al Gobierno que se requiere un urgente cambio de estrategia.
Ni más recursos, ni la mano dura impulsada desde la Moneda son herramientas eficientes para combatir la delincuencia y el flagelo del narcotráfico. La mirada debe ser más integral y, comenzar por reconocer un fracaso que pone en riesgo la seguridad de chilenas y chilenos.
Detrás de todo aquello, de la droga, del delito y de quienes se aprovechan para lucrar en un mercado ilegal, hay un mundo de desigualdades que mientras más se acrecentan, más multiplican las acciones al margen de la ley. La lucha contra la delincuencia requiere asumir el origen de estas acciones; reconocer la existencia de circuitos perversos entre la drogadicción y las bandas organizadas que empiezan a tomar el control de ciertos barrios y amenazan la seguridad de miles de familias, enquistándose en instituciones públicas.
Recuperar los espacios públicos, aumentar la participación comunitaria en la toma de decisiones, más inversión en prevención, más desarrollo del deporte y la educación en los jóvenes, más y mejores empleos y un profundo control en aquellas instituciones públicas que tienen como misión contribuir a la seguridad de todos, sumando transparencia en el uso de los recursos públicos, pueden ser algunas de las estrategias a seguir.
Definitivamente, es una tarea de todos, pero para ello se requiere voluntad política, compromiso y liderazgo, los que por desgracia aún no comienzan a perfilarse en el horizonte de nuestro país.