Como se esperaba, el Gobierno no se movió un milímetro de su propuesta y finalmente, tras casi un mes de tortuosa tramitación, fue aprobado –sólo con los votos de la derecha- el proyecto de ley que reajusta el ingreso mínimo mensual dejándolo en $193.000.
De esta manera, sabiendo que nadie iba a rechazar la iniciativa, porque peor es nada, la autoridad pasó por encima del Parlamento y de los propios trabajadores al imponer una cifra mezquina, demostrando una vez más su impericia política, nula conciencia social e incapacidad para buscar acuerdos.
El Ejecutivo erró desde un principio. Primero, convengamos en que el proyecto debió haber sido presentado al Congreso Nacional a comienzos de junio y se hizo como ya es costumbre en esta administración, a última hora, con urgencia y sin negociación previa con las organizaciones sindicales ni con los partidos.
Y luego, se equivocó al fijar un incremento menor a lo que realmente estaba en condiciones de ofrecer y muy por debajo de las expectativas de los trabajadores, de la oposición e incluso, parte del oficialismo, todos los cuales aspiraban a llegar a un salario mínimo de $200.000.
La excusa para no hacerlo ya lo conocemos: “puede aumentar el desempleo”. Se trata del mismo chantaje de siempre y al que se recurre cada vez que discutimos una política pública que pueda ir en beneficio de los que ganan menos, en circunstancias que no hay ninguna evidencia empírica que así lo demuestre. Con toda seguridad, vamos a escuchar similar argumento durante la tramitación de la reforma tributaria y cuando se inicie el estudio del reajuste a las remuneraciones de los funcionarios públicos.
En la pasada campaña presidencial se habló mucho del sueldo ético de $250.000 que propuso en 2009 Monseñor Alejandro Goic. Todos estuvimos de acuerdo, así como también concordamos en que las desigualdades existentes en la sociedad chilena no podían seguir esperando.
Pero, en vez de escuchar y atender las exigencias de equidad, el Ejecutivo prefirió seguir el camino de las amenazas y del matonaje verbal, insistiendo en un planteamiento que ya había sido rechazado en ambas cámaras del Poder Legislativo creyendo que de esta manera se anotaba un triunfo sobre la Concertación.
Sin embargo, aquí no ganó nadie, sino que perdió el país. Chile pierde cuando quienes tienen la responsabilidad de gobernar no les importa que el crecimiento económico del que tanto se vanaglorian no beneficie a los trabajadores con menor calificación laboral.
Chile pierde cuando a los 500 mil perceptores del ingreso mínimo no se les entrega un reajuste decente, pese a que llevan meses sufriendo reiteradas alzas en el precio de los alimentos y del transporte público.
Chile pierde cuando seguimos desaprovechando oportunidades para reducir las desigualdades y, por el contrario, continuamos ampliando las posibilidades de que se provoque una explosión social que ponga en riesgo nuestra gobernabilidad.
El Gobierno lejos de tomar conciencia de lo que está sembrando, actúa como si el país fuera un regimiento en el que todos debemos limitarnos a obedecer.
No escucha ni dialoga, y descalifica en forma grosera y prepotente a quienes nos atrevemos a formular una crítica política. Ya se sabe, con la derecha en el poder los trabajadores siempre pierden.