La Concertación propuso dialogar, el gobierno lo ha rechazado. Dado la magnitud de los problemas del país esta decisión de la autoridad resulta increíble.
Hoy, la capacidad del Ejecutivo es mínima. No tiene apoyo siquiera para el proyecto de salario mínimo y no quiere dialogar.
Carece de respaldo para licitar riquezas nacionales tan significativas como el litio y no dialoga.
Asimismo, en afanes discutibles pero evidentes, el gobierno ha caído en una espiral de anuncios que aumentan considerablemente las obligaciones de la caja fiscal.
Por el contrario, el proyecto de reforma tributaria que ingresó a la Cámara de Diputados resulta enteramente incapaz de enfrentar los nuevos gastos que el propio gobierno está anunciando y tampoco quiere diálogo.
Otros asuntos primordiales para Chile, como es la cuestión energética, como las propuestas del movimiento estudiantil en materia educacional, registran también diferencias que no permiten soluciones para resolver el fondo de estos dilemas, verdaderamente de una envergadura de país y es el gobierno el que rechaza el diálogo.
En el ámbito de los derechos laborales también es urgente abrir espacios de entendimiento, pero aquel que tiene el poder sigue sordo.
Estamos ante un completo y total contrasentido. El que gobierna es el que debe resolver los problemas y no agravarlos, encerrándose en el respaldo obligado de sus partidarios.
Esta situación genera una profunda desconfianza acerca de los propósitos de la autoridad en el próximo tiempo.
Se crea la impresión de un Presidente cautivo del principal partido político que lo respalda; es decir, que se ha ido configurando una dictadura partidista, cuya fuerte organización y disciplina le posibilita imponer su voluntad, sin contrapesos, en la coalición política gobernante.
En consecuencia, al país se le impone el criterio estrechamente corporativo de la cúpula del partido patrón en el poder. No era, por cierto, ésta la nueva forma de gobernar que se comprometió con el país.
La excusa que se entrega es que los distintos temas se tratarán en su mérito en el Congreso Nacional, es la llamada teoría del “salame”; o sea, ir paso a paso haciendo lo que a la autoridad le agrade, desechando aquello que no quiere tratar, especialmente la reforma del sistema electoral, que es lo que, en definitiva, se pretende eternizar, pues es aquel sistema lo que genera que sólo un partido político imponga su voluntad al país, en una muy “sui generis” reedición del control unipartidista que tanto se condenara de palabra para justificar el pasado dictatorial.
Cerrar el diálogo significa dejar vía libre a los que buscan la confrontación y agravar el clima de recriminaciones mutuas que desnaturaliza completamente el debate de los temas nacionales en pugilatos verbales que alejan aún más a los ciudadanos de la acción política, precisamente por estéril e ineficaz.
Tomamos nota que la autoridad no quiere enaltecer la vida política y el debate político, sino que permanecer en el laberinto de las descalificaciones inconducentes.
La ceguera nos gobierna.