La tercera Cuenta Pública del Presidente Piñera es una oportunidad invaluable en el trazado de la ruta que el Gobierno seguirá en el denominado “segundo tiempo”.
La bajísima aprobación ciudadana a la actual administración debiera motivar un giro en las políticas propuestas y aplicadas a la fecha y dar cuenta de la importancia real de los derechos humanos en un Estado democrático, acorde a las demandas ciudadanas por universalidad de derechos y participación en la toma de decisiones públicas.
Mejorar la calidad de la democracia implica sustituir el sistema electoral por uno más inclusivo, representativo y paritario.
La participación política equilibrada entre hombres y mujeres –exigida por organismos internacionales y comprometida por el Gobierno- debe incorporarse en las reformas al régimen electoral, primarias, financiamiento electoral y partidos políticos que el Ejecutivo promueve.
Además, se espera conocer el 21 de mayo cuándo se debatirá el Acuerdo de Vida en Pareja propuesto en 2011 pero sin el respaldo suficiente de los legisladores de la coalición gobernante; y de qué modo se corregirán las graves falencias de la ley sobre discriminación recientemente aprobada por el Congreso, que omite medidas preventivas y de acción afirmativa y consagra una inconstitucional jerarquía de derechos.
El Presidente debe detallar los contenidos de la anunciada modificación a las salas cuna, para terminar con la discriminación de las trabajadoras y avanzar en la corresponsabilidad de padres y madres; e imponer tiempos precisos al debate sobre derechos de trabajadoras de casa particular, uno de los empleos más desprotegidos.
Igualmente, cómo impulsará el rezagado debate de la Defensoría de las Personas, clave en la protección, promoción y defensa de los derechos humanos; plazos concretos a la reforma pendiente a la Justicia Militar comprometida por el Gobierno y mandatada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; así como para la derogación del Decreto Ley de Amnistía, también ordenada por dicha Corte.
Asimismo, cómo garantizará que las medidas que afectan a pueblos indígenas les sean debidamente consultadas y de qué modo se promoverá el debate sobre reconocimiento constitucional a estos pueblos, comprometido internacionalmente.
El Presidente puede marcar una gran diferencia reactivando la agenda legislativa sobre derechos humanos y democracia. Ello contribuirá a recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.