Dispone el artículo 1005 del Código Civil chileno que no son hábiles para testar, entre otros, el demente y el que actualmente no estuviere en su sano juicio.La norma siguiente del mismo texto legal dispone que si concurre alguna de esas causas de inhabilidad el testamento es nulo, aunque posteriormente dejara de existir la causa.
Hace unos días fue noticia la diligencia de apertura del testamento cerrado del dictador Augusto Pinochet, que deberá repetirse pues el texto actual sólo se refería al cambio de albacea sin aludir al fondo, es decir bienes y herederos.
A este propósito debe recordarse que en tribunales por los delitos de Pinochet en el llamado “caso Riggs” se ha calculado en aproximadamente 27 millones de dólares la fortuna personal del golpista. Pero, claro está, allí no se contabilizan ni los cuantiosos recursos de los llamados “gastos reservados” ni las coimas por la compraventa de armamento militar por las que, tras su muerte, fueron procesados otros altos jefes castrenses.
Según estimaciones de entidades internacionales la fortuna mal habida de Pinochet en realidad bordearía los 100 millones de dólares. Más allá de las cifras lo fundamental es que el país soportó durante casi 20 años el terrorismo de Estado encabezado por quien además cometió delitos malversando caudales públicos o realizando negociaciones incompatibles, con la complicidad de sus camaradas de armas y los políticos de derecha.
Vuelvo al Código Civil. Porque según la información conocida, el testamento de Pinochet data del año 2000 y para esas fechas hacía rato que sus defensores en la querella que presentamos con Gladys Marin en 1998 y en las 300 que le siguieron, habían invocado la demencia del general para tratar de salvarlo del presidio perpetuo a que debió ser condenado. Así debió legalmente haber sucedido si la Justicia de la época hubiera sido independiente y si los gobiernos de esos años no hubieran cedido a las presiones de los poderes fácticos.
Esta supuesta locura del dictador fue incluso establecida en sentencias del más alto tribunal de la república. En una palabra, cierto o falso, Pinochet estaba – al menos legal y judicialmente – en estado de locura o demencia. Comisiones de expertos nacionales e internacionales concluyeron sus diagnósticos precisos.
Pero la demencia fue el caballo de batalla de sus abogados defensores. Sólo así pudo evadir la cárcel. Fue un fallo injusto, a todas luces un ardid, un fraude, una burla a la ley,pero así fue. Para los tribunales Pinochet estaba demente, Pinochet no estaba en su sano juicio.
Siendo así, ¿cómo pudo entonces testar? ¿Loco en materia penal y en su sano juicio en materia civil? ¿Cómo puede tolerarse este doble trato?Porque si estaba loco, el testamento de acuerdo al Código Civil es nulo de nulidad absoluta. Y si no lo estaba debió quedar tras las rejas. Es bueno que se conozca esta realidad, otra perla de nuestra historia.
Pero no sólo por eso hizo noticia estos días el dictador. Para colmo de los colmos, el juez Manuel Valderrama a cargo de la lentísima investigación decretó el alzamiento del embargo judicial que pesa sobre bienes del dictador.
El pretexto fue “para que se pudiera pagar las contribuciones de las propiedades” como si a sus parientes y cofrades les faltara plata para pagar los impuestos. Se refiere a 23 inmuebles dispersos entre Iquique, Valparaíso, Viña del Mar, Santo Domingo, Vitacura, Lo Barrenechea entre otros. Son una pequeña muestra de lo que este “general de la república” logró acumular ¿con su sueldo normal?
Sugestivo: el juez alzó embargos por valor de 2.615 millones de dólares, suma harto más alta que las contribuciones en realidad adeudadas. ¿Porqué?…Al lado de estos hechos los culpables de La Polar o de Arica son niños de pecho. No es cierto por tanto esto de que la Justicia es pareja para todos. Cuando se trata de los dueños del poder económico o militar, a la diosa de la Justicia se le corre la venda.
No está de más recordar que, muerto Pinochet el 2006, el “caso Riggs” siguió en tribunales con procesados tan reconocidos como el abogado Ambrosio Rodríguez y hasta la propia viuda doña Lucía. Pero en el 2007 otro de esos “supremazos” que el país conoce les dejó libres de polvo y paja tras un recurso de amparo, institución jurídica creada con un propósito muy diferente.
No fue la primera vez que la Suprema usó este medio para salvar a algunos ilustres conocidos. Así sucedió también, por ejemplo, con influyentes procesados del caso “banco de Talca” en los años 80.
Pero Pinochet no sólo dejó herederos de fortunas, dejó también herederos políticos. Una buena parte de ellos forman parte del actual gobierno. Su impronta es notoria.
A este propósito por ejemplo vale la pena considerar la denuncia de las principales agrupaciones de derechos humanos del país y de diversas fuerzas políticas en contra de la instalación en nuestro país, con pretextos más que burdos, de un enclave militar financiado por el llamado Comando Sur de las FFAA de los EEUU de Norteamérica en el llamado Fuerte Aguayo de la comuna de Concón.
Allí, bajo el manto de las “fuerzas de paz” de las Naciones Unidas, se ha constituido una suerte de sucursal clandestina de la tristemente célebre Escuela de las Américas que durante años formó dictadores y torturadores en la ex zona del Canal de Panamá.
La ceremonia fue presidida por el embajador norteamericano y provocó la visita del ministro de Defensa de Estados Unidos. No hemos escuchado aclaración alguna del ministro Allamand ni del Comandante en Jefe del Ejército. Al contrario, el señor Fuentealba estima que se trata de algo necesario para “enfrentar las nuevas amenazas” en defensa de los “valores e intereses de la sociedad”. ¿No les parecen frases conocidas?