Represento ante el Congreso Nacional a la Región de O’Higgins, la cual fue duramente golpeada por el terremoto del 27/2. Como Senador he sido presidente de la Comisión de Vivienda y por ende conozco las cifras oficiales. De las más de 16.000 viviendas declaradas inhabitables en la región, a la fecha no son mucho más de 2.000 viviendas nuevas que se han entregadas durante los últimos dos años. Y no todas ellas han sido para damnificados por el terremoto.
El que quede mucho por hacer no significa que no se haya trabajado y mucho. Pero cuando se politiza un desastre, y se generan expectativas desmedidas y peor aun cuando se es incapaz de ser autocritico, se causan dolorosas frustraciones.
Chile ha conocido desde siempre los terremotos y sabe que son impredecibles y que su furia es capaz de destruir tanto lo viejo como lo nuevo. El 27 de Febrero del 2010 no fue distinto.
Considerando la magnitud del terremoto es posible afirmar que Chile resistió bastante bien este cataclismo, debido en parte al avance en sus estándares antisísmicos, así como, por la calidad de los profesionales que se desempeñan en el área de la construcción.
Pero a pesar de los importantes logros de los últimos 20 años, en el ámbito económico y social, siguen existiendo carencias ostensibles como quedó demostrado en el deficiente funcionamiento de los sistemas de alertas frente a una emergencia.
Los organismos llamados a prevenir, informar y coordinar, como el SHOA y su coordinación con la ONEMI, simplemente no funcionaron como se esperaba. La última palabra la dirá la justicia, pero esa fatídica noche la información entregada a la autoridad administrativa fue errónea.
Pero una cosa son aclarar las responsabilidades institucionales y técnicas y otra muy distinta es tratar en forma majadera de asignar responsabilidades políticas frente a un desastre natural. Personeros de Gobierno, como el ministro Allamand y Golborne, incluso el Presidente, han pretendido enlodar la figura de la ex Presidenta Bachelet, insinuando que tiene que dar cuenta de lo sucedido. Tal pretensión constituye un aprovechamiento político mezquino de esta tragedia.
La ex Presidenta Bachelet, la noche del 27 F y días posteriores, asumió su responsabilidad y actuó en base a la información que los organismos respectivos le entregaron, y desplegó las iniciativas posibles, definiendo los criterios, movilizando las instituciones adecuadas y convocando a la unidad nacional para hacer frente a la tragedia.
Por ello, reitero que no corresponde politizar ni responsabilizar políticamente a nadie del terremoto.
Hoy al cumplirse el segundo aniversario del terremoto y tsunami lo natural es evaluar el proceso de reconstrucción y no desgastarse en endosar responsabilidades políticas inexistentes, como una forma de eludir las críticas que desde las víctimas surgen al proceso reconstructivo. Proceso de reconstrucción que es enteramente responsabilidad en cuanto a su planificación y conducción del actual gobierno.
Cuando el Gobierno de Piñera solicitó al Congreso Nacional los recursos para enfrentar la tarea de la reconstrucción, la oposición estuvo dispuesta a aprobar lo que se solicitaba, incluso más. Nunca hubo una actitud obstruccionista, frente a una tarea que entendíamos como una responsabilidad del Estado y no solo del gobierno de turno.
Hubo desencuentros en la forma de cómo organizar la reconstrucción, siendo la oposición partidaria de la creación de una Agencia Autónoma para la Reconstrucción, frente a la que fue finalmente la opción del Gobierno de externalizar determinadas funciones y establecer convenios con las grandes empresas del retail, distribuidoras de materiales de construcción, y constructoras privadas para ejecutar las tareas que demanda la reconstrucción.
Una vez comenzado el proceso de reconstrucción, el Gobierno nuevamente erró el camino dando a entender equívocamente que el camino de la recuperación sería muy rápido.
Montó una campaña comunicacional en ese sentido, afirmando que los damnificados no pasarían más de un invierno en medias aguas, campamentos (ahora llamados aldeas). Esa ha sido una actitud imprudente que finalmente ha llevado al debate actual sobre las cifras de la reconstrucción.
En el ámbito de vivienda, el gobierno ofreció soluciones habitacionales para todos los damnificados que cumplieran dos requisitos básicos, contar con el certificado de ser damnificado y ser propietario, arrendatario o allegado de una vivienda que el municipio respectivo haya declarado inhabitable.
Pero en la práctica no fue tan simple, no todos los damnificados eran beneficiarios, sino que habían otras condiciones distintas a las expresadas en los anuncios iniciales, fichas de protección especiales para los allegados o que el grupo familiar fuera de más de siete personas, entre otras.
Respecto a los subsidios, también han existido situaciones poco transparentes. El gobierno y en particular el ministro de Vivienda saben que no es lo mismo un subsidio asignado, que una casa entregada, y que tampoco es igual un subsidio de reparación que un subsidio para compra de materiales para arreglar un techo, o un subsidio para financiar la construcción completa de una vivienda nueva.
En último término, lo que la gente quiere es tener la llave de su casa para comenzar a recuperar su hogar, tan simple como eso.
Pero nuevamente constatamos que comunicacionalmente el gobierno manipula la información, en este caso específico, no se explican esas diferencias y se habla genéricamente de entrega de subsidios.
En este segundo aniversario del terremoto, el Gobierno ha impulsado una ofensiva publicitaria que justifique de alguna manera su metodología de reconstrucción, y que reafirme que los logros son exitosos. Sin embargo, hay evaluaciones diferentes.
Según el Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile las cifras son muy distintas a las del gobierno, las cuales indican que el proceso de reconstrucción lleva un avance del 47 % en la reconstrucción de las viviendas.
El Observatorio señala que la medición de la reconstrucción debe hacerse según la cantidad de viviendas entregadas, por lo que el avance sería solo del 10%, ya que mediante subsidios, los damnificados han podido comprar 12.248 casas (10.463 nuevas y 1.785 usadas), de un total de 110.000 viviendas que resultaron destruidas.
Como vemos las situaciones artificiosas usadas por el Gobierno son las que desde el principio generaron expectativas abusivas respecto a los ritmos de la reconstrucción y hoy nos enfrentan en una disputa de datos y resultados.
Por eso estimamos de las más alta importancia la iniciativa de la Asociación Chilena de Organismo no Gubernamentales ACCION en cuanto a convocar a una Consulta Nacional sobre la Reconstrucción, dado que frente a la disparidad de opiniones y cifras que entrega el gobierno y la oposición, hace mucha falta consultar la tercera opinión, que es la opinión de la ciudadanía y de los afectados por el terremoto.
Reitero lo expresado hace algunos días, lo que Chile espera es que sumemos todos los esfuerzos, todas las voluntades y todos los recursos, para levantar al país, reparar lo dañado, reconstruir lo perdido en un tiempo prudente, para sí aliviar y auxiliar a las familias que perdieron bienes y seres queridos, actuando con generosidad, solo así contribuiremos a sanar el alma de Chile de las heridas que este cataclismo nos dejó.