Después de casi 6 años se aprueba una ley de antenas. Mucho, demasiado tiempo. El año 2007 ingresó un proyecto del gobierno de aquel entonces, pero recién el 2010 se terminó el primer trámite legislativo.
En el intertanto nuestra ciudad se llenó de torres de antenas. Blancas y naranjas, o blancas enteras. 20, 25, 30 metros de altura, no una sino dos o tres juntas. Incluso llegando a casos como el del sector de Tejas de Chena en San Bernardo, en pleno barrio residencial cinco antenas de 30 metros en una faja de 25 metros, en fila india, y con dos más aprobadas esperando su construcción.
Este ejemplo refleja la situación en que nos encontrábamos. Una total desregulación, completa libertad para instalar antenas del tamaño que se quiera, donde quiera, cuando quiera y como se quiera.
No importa si se afecta el valor de las propiedades vecinas, si se deteriora la armonía urbana del barrio, si se generan preguntas sobre el impacto a la salud de los vecinos. Da lo mismo, pongamos antenas.
Esta ley está lejos de lo óptimo. Pero, a pesar de las presiones de las empresas –lo que llamó la atención de algunos medios de comunicación-, y de su larguísima tramitación, el proyecto aprobado logra enfrentar algunas de las principales aspiraciones ciudadanas.
Para el futuro, se trata de menos torres, de menor tamaño, impidiendo su concentración, sacándolas de ciertas zonas consideradas sensibles y fijando estrictos estándares de radiación.
Esto a mi juicio se logra con la ley que se da a conocer. Se estructuran los incentivos para promover antenas de menor tamaño, se obliga a la colocalización (poner antenas de distintas empresas en una sola torre) sobre zonas ya saturadas de instalaciones, se obliga a la compensación cuando se insiste en antenas de altura, se indexa las emisiones a los estándares más estrictos de la OECD, y se establecen zonas de exclusión de antenas (jardines infantiles, hospitales, centros de adulto mayor), lugares donde sencillamente no se pueden instalar.
Pero creo que donde más se van a ver sus efectos son en las reglas que se generan para las antenas existentes, para el parque ya instalado.
Se establecen fuertes incentivos para eliminar los desgraciados “enjambres de antenas”, zonas de concentración de torres que deterioran todo el entorno urbano.Las reglas que obligan a colocalizar, si no se quiere mimetizar/compensar a los vecinos, creo que pueden ser útiles para disminuir considerablemente el número de enjambres.
Por otra parte, la obligación de retiro de antenas ya instaladas a menos de 40 metros de zonas sensibles, establece un mínimo resguardo a ciudadanos que requieren del cuidado de todos, niños, ancianos, enfermos. Es una regla mínima, es la única exclusión real, es la única con efecto retroactivo de verdad.
La pretensión de algunas empresas de dejar en nada esta norma llevándola al tribunal constitucional, refleja un antiguo estilo corporativo de “yo puedo poner mi antena donde quiera, (incluso dentro del jardín infantil) sino nos vemos en tribunales” debe ir abandonándose.
Una línea para el argumento “quieren menos antenas, pero quieren hablar por celular con más y mejor cobertura”: ¿Alguien puede asegurar que la forma actual de dar cobertura es la más eficiente? ¿o la mejor?, ¿no será solo la más fácil y barata?A buena hora se pone atajo a esta impunidad.
Los casos como el de San Bernardo no deben volver a repetirse. Hay que aprender la lección.
Todavía hay que verla en la práctica, pero esperemos que esta nueva ley sirva verdaderamente a su propósito. Con menos antenas, despejando el horizonte un poco de ellas, tendremos algo más de ciudad para ver y para vivir.