A menos de un mes de que más de doscientos mil alumnos rindan la prueba selección universitaria (PSU), no es mucho lo que se puede hacer ni decir respecto al test que, en su momento, fue creado para reducir la brecha entre los alumnos de colegios particulares pagados, subvencionados y municipales.
Múltiples son los estudios que dan cuenta del fracaso de la PSU como test de selección en que un mayor número de estudiantes provenientes de colegios subvencionados y municipales podrían obtener un puntaje que les permitiera ingresar a las universidades tradicionales de Chile.
Tras ocho años desde su implementación, la PSU aún no demuestra ser una herramienta para combatir la segregación. Peor aún: cada aplicación de la prueba pareciera confirmar una vergonzosa tendencia que atenta contra todo intento de equidad en el acceso a una carrera universitaria: la PSU no es un test que mide potencial, sino que conocimiento.
Si bien la PSU siempre se planteó como una prueba que mediría conocimientos en lugar de aptitudes, el actual sistema educacional implica que la obtención de estos conocimientos mínimos (porque eso es lo que mide la PSU: los contenidos mínimos de los currículos ministeriales) solo será posible para aquellos alumnos que o bien tienen la posibilidad de ser parte de un colegio municipal o subvencionado de elite gracias a su potencial intelectual, o bien cuyas familias disponen de los medios para pagar un colegio subvencionado o pagado de satisfacción garantizada.
El fracaso de la PSU no es una novedad. Tampoco es una verdad oculta. Pero que a mediados de diciembre se vuelva a rendir la PSU resulta llamativo y repudiable: la persistencia del test desmiente una serie de discursos enunciados por los gobernantes de turno, ciertos rectores universitarios, así como llama la atención a un par de interlocutores estudiantiles que no han insistido en el tema: la PSU es el principal obstáculo para un acceso más equitativo a la universidad tradicional.
Planteada en su actual modalidad de filtro universitario en un sistema educacional que debe reformarse desde sus bases (los colegios) antes que en su cúspide (la universidad) si quiere que los estudiantes que no pueden pagar colegios de calidad ni preuniversitarios tengan posibilidades reales de ingreso a las principales UES, la PSU resulta similar a un control de calidad: solo los productos mejor manufacturados, aquellos que cumplan los estándares de calidad reconocidos y que provengan de las fábricas de las principales marcas, sólo aquellos estudiantes lograrán los puntajes que les permitan postular a las universidades de elite intelectual.
Y así, un importante número de alumnos con gran potencial intelectual ven mermadas sus posibilidades a raíz de este control de calidad: no han pasado por las fábricas que logren pulir su materia prima intelectual acorde a los criterios de las universidades que deben validarlos.
Cada vez que aparecen los resultados, estudiantes destacados en colegios municipales o subvencionados deben observar cómo su sueño (y el de sus familias) se desvanece, a pesar de que en una carrera universitaria podrían tener un rendimiento mayor al de un alumno con un puntaje PSU superior.
Conozco muchos casos de estudiantes que ingresaron con puntajes inferiores a universidades tradicionales y que, una vez que se han puesto a la par de sus compañeros de estudios, han obtenido mejores resultados en su carrera universitaria.
La PSU es una asignatura pendiente tanto para los rectores como para los dirigentes universitarios. Con el actual modelo educacional, cuyo filtro para la universidad es la PSU, ni la gratuidad, ni una superintendencia que vele por la calidad en los colegios bastarán para acabar con la segregación y la selección clasista de estudiantes universitarios.
La persistencia de la PSU sin aceptar nuevas propuestas para la admisión a la universidad por parte de ciertos rectores parece una contradicción inconsecuente con el deseo expresado durante este año.
Un ejemplo de lo anterior: hace un par de años, la Universidad Católica elaboró un modelo alternativo de admisión en el que la PSU significaría solo un porcentaje del puntaje final para acceder a la Universidad. El resto del puntaje sería completado mediante un par de entrevistas personalizadas y un pequeño ensayo de reflexión crítica por parte del estudiante.
La respuesta de este rector fue elocuente: si la UC implementaba dicho modelo, debía ser expulsada del CRUCH.
El tiempo, sin embargo, vuelve a recordarnos que es urgente experimentar con una alternativa viable. La Usach, por ejemplo, ha desarrollado un modelo complementario de admisión para algunas carreras. Su resultado ha sido significativo para estudiantes de colegios municipales y subvencionados.
Pero no es suficiente. Así como tampoco lo es hablar de educación más justa sin cuestionar aquel rentable negocio para colegios y preuniversitarios (algunos con el nombre de federaciones de estudiantes) que es la PSU.
El problema no es la selección en abstracto (todas las universidades del mundo lo hacen): el punto es que en Chile, dicha selección se ha convertido en un control de calidad de cerebros manufacturados.