La segunda cuenta pública del Presidente de la República es crucial en la definición de las reales prioridades gubernamentales.
Junto con evaluar su propio desempeño durante los primeros 14 meses se anunciarán las medidas a implementar en lo que resta de su primer bienio. Dado que el Programa de Gobierno es profuso en compromisos legislativos para la protección de los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de la democracia, es tiempo de conocer de qué modo se dará cumplimiento a dichos compromisos.
En materia de institucionalidad para los derechos humanos, se espera conocer cómo se impulsará el debate parlamentario de la Defensoría de las Personas, estancado hace años, y cuáles serán las atribuciones que se conferirán a este organismo para cumplir su mandato de protección, promoción y defensa de los derechos humanos.
En igualdad y no discriminación, el Presidente debe expresar cómo corregirá los deficientes contenidos que presenta el proyecto de ley sobre medidas contra la discriminación, en cumplimiento a las obligaciones internacionales que el Estado de Chile ha asumido; especialmente considerando que se enfrenta una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación en base a la orientación sexual.
Una dimensión particular de la discriminación que el Presidente se comprometió a resolver, es el reconocimiento y protección al derecho a constituir familias que tienen todas las personas, con independencia de su orientación sexual. Por ello, se espera conocer cómo el Gobierno promoverá el debate de las iniciativas presentadas por congresistas sobre matrimonio entre personas del mismo sexo y pacto de unión civil.
Preocupa también el retraso en el cumplimiento a las recomendaciones internacionales sobre derechos de las mujeres y la falta de discusión legislativa a proyectos de aborto terapéutico y participación política de las mujeres, que el Gobierno debiera impulsar.
Se espera el anuncio de urgencia al proyecto que reforma la sociedad conyugal recientemente presentado para corregir la discriminación legal contra las mujeres que les impide disponer de su patrimonio y que se establezca de una vez por todas que la administración de los bienes comunes corresponde a ambos cónyuges y se elimine el patrimonio reservado.
Correcciones profundas se esperan al proyecto sobre posnatal pues el derecho al trabajo y la seguridad social son derechos humanos que deben protegerse a todas las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares y no sólo a algunas mujeres; y menos aun conculcando derechos adquiridos como son las licencias médicas, el fuero y la alimentación.
La principal necesidad es extender la cobertura de derechos laborales a quienes por sus condiciones de contratación carecen de protección y avanzar en medidas reales y no sólo declarativas de corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas.
Asimismo, el Presidente debiera señalar de qué modo se dará cumplimiento a la obligación –internacionalmente asumida- de consultar a los pueblos indígenas las medidas que les conciernen o afectan, particularmente el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, que hace parte de los compromisos gubernamentales en que no se ha avanzado hasta ahora.
En materia de debido proceso, urge que el Gobierno impulse una amplia reforma a la Ley antiterrorista, que junto a definir adecuadamente estos ilícitos para que no sigan confundiéndose con reivindicaciones sociales y delitos comunes, se resguarden las garantías judiciales propias de un Estado democrático.
Además, se espera el cumplimiento a la promesa de limitar radicalmente el ámbito de la Justicia Militar a los delitos de función militar cometidos por militares, como lo sentenció la Corte Interamericana en 2005.
En cumplimiento a los numerosos compromisos sobre profundización democrática, se espera que este año sí se impulse la discusión de la Iniciativa Ciudadana de Ley presentada por el Presidente, pero eliminando las restricciones propuestas al derecho de la ciudadanía a presentar proyectos de reforma constitucional y de ley. También se espera el anuncio del debate a una reforma al sistema binominal para asegurar la debida representación de las múltiples fuerzas políticas existentes en el país y mejorar su legitimidad, como se exige desde diversos sectores políticos.
Igualmente, se conocerá si el Gobierno asegurará el derecho a voto de todos/as los/as chilenos/as, aunque se encuentren fuera del país, como lo reconoce la Constitución sin discriminación, o si seguirá insistiendo en que sólo algunos compatriotas pueden ejercer sus derechos políticos. Y si se cumplirá este año la anunciada reforma a los partidos políticos y la implementación de primarias.
Lineamientos claros en derechos humanos y democracia se esperan del Primer Mandatario en su segunda cuenta a la Nación. Ante numerosos compromisos pendientes de concreción se requiere una voluntad de cambio efectiva, impulsando reformas sustantivas que respondan a las demandas y necesidades de la ciudadanía.
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