Frente a los escándalos vinculados al financiamiento ilegal de la actividad política – en particular de las campañas electorales – y al impacto de un negocio inmobiliario realizado aparentemente con el uso de información privilegiada y gracias a influencias políticas indebidas, se ha instalado en los partidos políticos, gracias al discurso aprendido y repetido incansablemente por la derecha, en particular la UDI, la idea que esta relación entre negocios y política es un mal endémico de nuestra sociedad que nos afecta a todos y para lo cual todos debemos contribuir con generosidad a encontrar una solución.
Muchos líderes políticos de la Nueva Mayoría parecen también haberse comprado esta versión de que todos tenemos responsabilidad y que este es un problema transversal. El propio gobierno ha asumido esta tesis y ha llamado, una vez más, a “los expertos” para resolver el problema.
Ciertamente es necesario resolver el problema de la relación entre poder, negocios y política y se trata de una materia pendiente y que es necesario regular con urgencia.
Pero en los hechos conocidos ¿de qué se trata exactamente?
Ni más ni menos que, a propósito de una investigación dirigida contra un poderoso grupo empresarial por fraude tributario, a la UDI la pillaron con las manos en la masa poniendo en evidencia, aparentemente, un sistema creado para financiar a determinados parlamentarios e incluso funcionarios públicos de manera ilegal y en todo caso ilegítimo.
Esto no es extraño. Se trata del mismo sector político que construyó, apoyando a la dictadura, el sistema económico neoliberal que con pocos cambios nos rige y que ha elevado a la categoría de valores sociales el tener más (consumismo), el ejercer el poder y el individualismo. Es la mantención a todo trance de estos valores y de las posiciones de poder que se han conquistado lo que explica culturalmente esta relación anómala e ilegítima entre los negocios y la política.
Sus responsables – y lo mismo vale si hay otros actores políticos de distinto signo que aparezcan vinculados a estas prácticas – han defraudado la fe pública y han deteriorado gravemente la confianza de la ciudadanía en sus autoridades electas, en los partidos políticos y en las instituciones. ¡Este sí que es delito que no tiene perdón! Y no tiene nada que ver el esfuerzo por instalar como concepto paradigmático “la famosa presunción de inocencia”.
Incluso si por la debilidad de las regulaciones actuales o por vacíos legales se demostrara que judicialmente no ha existido delito, ellos mismo ya han reconocido sus errores e incluso ¡han pedido perdón! Han actuado ilegítimamente, han abusado de sus relaciones de poder.
¡Por favor vuelvan a sus actividades privadas y renuncien a sus funciones públicas, especialmente si son parlamentarios electos por voluntad de un sector de la ciudadanía y por la distorsión comunicacional que resulta justamente del financiamiento que criticamos!
Como regalo a estos señores que todavía deben muchas explicaciones, aparece un negocio inmobiliario de proporciones en que la ciudadanía sospecha el uso de información privilegiada y de influencias políticas a las que la gran mayoría de los chilenos no tenemos acceso. Su protagonista, por ser quien es, produce de una manera irresponsable un daño grave a la imagen de nuestra Presidenta y a nuestro gobierno. Es bueno que vuelva al mundo privado – del que parece no había salido – y enfrente eventuales investigaciones y querellas.
Lo que no es aceptable es que desde la derecha justamente se levanten voces buscando “el empate” y llamando a escándalo por el uso de información privilegiada y por la especulación financiera. Recordemos que su líder, que es puesto como ejemplo de emprendedor y que alcanzó la más alta autoridad de la República, también ha estado bajo la sospecha y la polémica pública por haber construido su fortuna gracias a la especulación financiera y al uso de información privilegiada.
Es importante para quienes nos importa la imagen de Chile y que como académicos y como militantes políticos trabajamos incansablemente por recuperar y reconstruir una nueva democracia, decir con fuerza que nos duele en el alma lo que sucede.
Tenemos sí la responsabilidad de ser claros y categóricos.
La evidencia muestra que esta relación incestuosa entre poder, negocios y política ha beneficiado histórica y principalmente a un sector político de la derecha. Si hay políticos de otros sectores implicados también deberán dejar la función pública.
Pero todos ellos, por favor no esperen a que gracias al Comité de Expertos se encuentre una salida y se perfeccionen las regulaciones que impidan esta relación ¡váyanse ahora!
En esta fecha simbólica, vale la pena decir que fuimos millones los que luchamos contra la dictadura, que somos millones los que seguimos soñando con una democracia sólida, participativa, renovada.
Somos muchos más los académicos, los dirigentes políticos, los trabajadores, los religiosos, los periodistas, los militantes políticos, los miembros de las fuerzas armadas, los dirigentes sociales que no hemos participado de esta relación impropia entre poder, negocios y política y que construimos día a día la Patria.
¿Todos responsables? ¡No señor!