Hemos vivido en el país, en los últimos días, situaciones de fuerte tensión que dejan de manifiesto las profundas fracturas que existen en nuestra sociedad. Se nos ha presentado, en el discurso oficial, un falso dilema entre el derecho a votar en las elecciones primarias de este domingo y la movilización de las y los estudiantes secundarios por una educación de calidad. A los alcaldes y alcaldesas, como es mi caso, se nos obligaba a elegir entre las primarias y el desalojo.
En realidad, estamos frente a dos derechos por los cuales la ciudadanía ha debido luchar largamente para que sean reconocidos por el Estado: el derecho a la participación política y el derecho a la educación. En este año de fin de un ciclo político y de decisiones, es evidente que las demandas por abrir mayores espacios de participación, mejorar la representatividad social en los cargos de elección popular y, por cierto, la reforma a la educación recobran toda su fuerza.
A horas de las primeras elecciones primarias “con ley”, casi nadie se opone a su realización. El gobierno justificó el desalojo de las y los jóvenes en las tomas de liceos aludiendo a su compromiso con la participación ciudadana.Atrás quedaron la demora en la aprobación de la ley de primarias, las restricciones que se impusieron, las dificultades para que se aprobara y emitiera la franja electoral, todas relacionadas con la facultad legislativa del Ejecutivo.
También la mala memoria se encargó de las declaraciones en contra de las primarias de parte de algunos partidos políticos y las malas prácticas internas en varios otros.
Por otra parte, las más diversas encuestas siguen mostrando que las chilenas y chilenos quieren una reforma educacional profunda que mejore la calidad de la enseñanza, que se termine con el lucro y que sea accesible para todas y todos.Pese a ello, la agenda legislativa en educación sigue estancada y, a siete años de la “revolución pingüina” y a dos de las grandes movilizaciones, muy poco se ha avanzado.
Ante este escenario, las alcaldesas y alcaldes de la Asociación de Municipalidades sólo podíamos ser coherentes con los valores y principios que nos guían: estamos comprometidos con una mejor democracia y estamos con la reforma a la educación pública.
Por eso, rechazamos elegir entre primarias y desalojo y propusimos de manera reiterada, en privado y en público, alternativas de locales para la realización de las elecciones y, también, una mesa de diálogo sobre la educación. Al mismo tiempo, abrimos nuevos canales de conversación con las y los dirigentes estudiantiles para evitar que se produjese una confrontación.
Ya sabemos lo que ocurrió: el gobierno optó por la fuerza y no por la razón.De nada valieron las conversaciones sostenidas, los plazos que se dieron ni las iniciativas que se propusieron en busca de una solución. De nada sirvieron tampoco las gestiones ante el Servicio Electoral, que primero fue indiferente ante la preocupante situación de las tomas de liceos y, después, impuso una interpretación estrecha de la ley electoral para forzar el desalojo.
Hace tiempo que venimos diciendo que la política chilena está en crisis: lo dicen los que militan en los partidos políticos y quienes son independientes, los que son de derecha, de centro o de izquierda, los jóvenes y los que tenemos más años, quienes pertenecen a movimientos ciudadanos y quienes sólo siguen las noticias por televisión.
La crisis de la política en Chile pasa por la falta de diálogo. No hay voluntad para buscar el diálogo y no hay, por tanto, una práctica del diálogo como forma de construcción de la sociedad. La larga y triste noche de los desalojos, que hizo revivir momentos que creímos para siempre superados, lo dejó en evidencia.