En una columna anterior, señalamos que la reforma educacional – en lo que dice relación con la educación superior y su componente universitario – debía ser la oportunidad de un amplio y necesario debate.
En ese sentido, hay que destacar y felicitar la gestión del ministro de Educación que en forma proactiva ha iniciado un diálogo con diversos actores, generando entonces un debate participativo acerca de los contenidos de la Reforma que impulsará nuestro gobierno.
Naturalmente en un sector de alta complejidad hay distintas posturas y surgen opiniones polémicas y encontradas, algunas tal vez demasiado apasionadas.
Pretendiendo contribuir al debate, el señor Rector de la Universidad de Chile ha señalado en un medio escrito de circulación nacional: “Es muy simple, las universidades públicas son las estatales”.
Lamentablemente, esta afirmación carece de rigor y siembra confusión, por venir de quien viene, alentando incluso visiones sesgadas de algunos dirigentes estudiantiles que intentan generar el mismo paradigma.
En el referido comentario anterior, indiqué que, “Tradicionalmente se ha considerado la Universidad pública como aquella generada por ley y/o aquella financiada por el Estado, siendo este último componente el que ha predominado históricamente en América Latina y en Chile para identificar a esta institución”.
Tanto es así que cuando se crea el Consejo de Rectores por la Ley Nº 11.575 de 14 de agosto de 1954 (art. 36, letra c), tuvo como objetivo inicial la administración de los fondos públicos de investigación y desarrollo, y ampliación de infraestructura de las 7 universidades reconocidas por el Estado y existentes a la fecha.
Dos creadas por Ley y por iniciativa del Estado, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, y cinco creadas por iniciativas privadas pero reconocidas por el Estado, la Pontificia Universidad Católica de Chile con sede en Santiago, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Concepción, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Austral de Chile con sede en Valdivia.
Posteriormente, este conjunto de universidades llamadas tradicionales, a las que se agregaría más tarde la Universidad Católica del Norte con sede en Antofagasta, pasaron a ser financiadas por el Estado – por Ley de Presupuesto y leyes especiales – en una proporción similar de sus respectivos presupuestos.
Al comenzar la década de los 70, este conjunto de instituciones que hemos llamado el patrimonio universitario de Chile, eran responsable de la formación profesional y técnica a lo largo del país donde algunas de ellas, particularmente las estatales, mantenían sedes regionales.
Bajo el gobierno del Presidente Allende, socialista y marxista, en pleno periodo de la Reforma Universitaria, el compromiso del Estado con sus universidades tradicionales se mantuvo y jamás se pretendió poner en cuestión el carácter público de estas universidades.
Así, en el presupuesto fiscal del año 1974 el financiamiento fiscal como porcentaje del presupuesto total representaba para la Universidad Técnica del Estado un 91.7%; para la Universidad de Chile un 87.9%; para la Pontificia Universidad Católica de Chile un 79.6%; para la Universidad Católica del Norte un 87.6%; para la Universidad Técnica Federico Santa María un 88.0%; para la Universidad Austral de Chile un 75.6%; para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso un 83.3%; y para la Universidad de Concepción un 80.2%.
Es decir, Chile financiaba en promedio el 86.2% del presupuesto de sus universidades.
Como sabemos, con la dictadura militar este financiamiento comenzó a disminuir gradualmente y con la drástica intervención de la legislación del año 1981, no sólo se modificó la composición de este financiamiento público sino que además se impuso la separación de las sedes regionales de las universidades estatales que se convirtieron en Universidades independientes y tuvieron como efecto adicional que las Casas matrices debieran hacerse cargo de la deuda de estas instituciones agravando su crisis financiera.
Esto explica que en la actualidad el Consejo de Rectores esté integrado por 25 universidades para las cuales, en promedio, el aporte público respecto de su presupuesto representa hoy poco más del 20%.
Es cierto que, desde 1990, el gasto público en educación superior se ha incrementado fuertemente estimándose que alcanza sobre el 2% del PIB situándose sobre el promedio de los países de la OCDE.
Sin embargo, existe una gran diferencia con otros países cuando se observa la composición de este gasto. Mientras en los países desarrollados sólo el 23,6% del gasto proviene de fuentes privadas, en Chile este porcentaje llega a 84,2%.
Es decir que la mayor parte es aportada por las propias familias de los estudiantes.
Si, además, consideramos que la mitad del Aporte Fiscal Directo como del Aporte Fiscal Indirecto – al cual acceden por lo demás las universidades privadas creadas a partir de la legislación del año 81 – es captado por 5 universidades del Consejo de Rectores, tenemos que las universidades tradicionales se enfrentan a un financiamiento público precario, inestable y extraordinariamente diferenciado entre ellas.
La mayor parte de su financiamiento debe entonces provenir de las familias de los estudiantes y de una profesionalización y diversificación de las actividades de lo que se denomina la Tercera Misión, o la vinculación con el medio, y que incluye, además de la tradicional función de extensión académica y difusión cultural, actividades de asistencia técnica, transferencia tecnológica, licenciamiento y patentamiento como una contribución concreta al desarrollo regional y nacional, función esta última que al igual que en los países desarrollados seguramente se seguirá profundizando.
De allí que la demanda por un nuevo sistema de financiamiento y porque el Estado asuma su deuda histórica con sus universidades, agrupadas en el Consejo de Rectores, es tan potente y decisiva para el futuro del país.
Tenemos conciencia clara que nuestras universidades, en contrapartida deben hacer esfuerzos adicionales para alcanzar niveles de calidad y excelencia reconocidos en la formación de nuestros profesionales, en la acreditación internacional de sus programas de posgrado, en el desarrollo de investigación pertinente y de vanguardia que responda a los grandes dilemas nacionales en todas las áreas y en una vinculación estrecha con el medio.
Sabemos por otra parte que la Reforma de la Educación debe poner acento en los niveles básico y medio de la educación escolar y que la Educación Superior, hoy en nuestro país, no es sólo la educación universitaria sino que incluye de manera muy significativa la educación técnica a la cual tenemos que dedicar esfuerzos sostenidos y de gran magnitud.
Faltaríamos a nuestro deber como académicos, sin embargo, si no insistiéramos en la legitimidad de nuestras demandas.
El propio Consejo de Rectores en un documento denominado “El Consejo de Rectores ante los desafíos de las universidades chilenas en el bicentenario”, publicado en octubre de 2009, afirmaba en una presentación firmada por el propio señor Rector de la Universidad de Chile:“Las instituciones del Consejo de Rectores, tienen una singularidad, representan valores y bienes públicos, que están ligados íntimamente a la historia patria, nos conducen a reafirmar, en el presente, nuestro compromiso con el progreso social de Chile y su gente”.
Simplificar en extremo el debate puede conducir a contradicciones y a errores, incluso al señor Rector, con grave daño para la reforma de la educación superior en su componente universitaria que debe combinar gratuidad con una nueva estructura de financiamiento y un nuevo compromiso del Estado con sus universidades tradicionales.