La decisión de establecer la verdad judicial de la muerte del presidente de Chile Salvador Allende el 11 de Septiembre de 1973 es sin duda uno de los hechos más trascendentales de nuestra historia y más lo será cuando ello se haya hecho definitivamente.
Es muy probable que se verifique la hipótesis del suicidio como lo han señalado sus familiares. Pero tal suicidio se realiza en circunstancias de un acto criminal como el bombardeo de La Moneda que buscaba su liquidación y la de todos los que ahí lo acompañaban, es decir, estamos en presencia de homicidio ya sea como acto, o como intento o como homicidio frustrado.
Todos estos crímenes no desaparecen por el acto heroico de suicidio del presidente. Aunque en esa época no existiera la figura de crimen terrorista se trata de eso. De modo que establecer la verdad significa tipificar los crímenes cometidos y juzgar a todos los culpables de su autoría intelectual, perpetración, complicidad y encubrimiento. Si muchos de ellos ya han fallecido, al menos deberá establecerse quienes son.
Decimos que establecer la verdad de esos crímenes brutales y cobardes es una acto de la mayor trascendencia, porque la historia de Chile de las últimas décadas se basa en ese crimen fundacional y la ausencia del reconocimiento y sanción oficiales `por parte de los poderes del Estado es lo que impide y seguirá impidiendo la reconciliación del país con su historia condenándonos a vivir como dos países irreconciliables: el de los que participaron de cualquier forma en estos crímenes o los celebraron y el de que consideran a aquellos simplemente unos asesinos.
Y eso no es un país. Solo cuando se haya hecho el reconocimiento y condena oficial de los crímenes del 11 de septiembre y los que le siguieron habrá reconciliación histórica. La otra, la reconciliación entre las personas, si ella es posible, dependerá del grado de verdad, justicia, reparación a las víctimas y del arrepentimiento público y solicitud de perdón de los victimarios.