A raíz de la discusión por el sueldo mínimo en el Congreso, como presidente de la Unión Nacional de Pensionados de Chile, me parece oportuno referirme a la situación que afecta a los miles de jubilados del país, a quienes jamás se les ha considerado para mejorar sus condiciones económicas a través de los reajustes anuales que por ley debe conceder anualmente el Estado.
En efecto, a pesar de las gestiones que hemos efectuado, solicitando un mejoramiento económico para nuestro sector, se ha aplicado la “política de oídos sordos”, por lo que nunca hemos obtenido una respuesta justa a nuestras justas peticiones.
Así ha ocurrido, por ejemplo, con el bono “Bodas de Oro” y la supresión del descuento del 7% de Salud, que ha sido aplicado a algunos jubilados y montepiadas, muchos de los cuales están pasando a formar parte del quintil más pobre del país.
En definitiva, estamos exigiendo que a los jubilados, pensionados y montepiadas se les aplique la misma reajustabilidad en sus sueldos que se acuerde para los trabajadores activos.
Creemos que con ello se nos hará justicia, considerando, entre otras cosas, que la canasta familiar que se ocupa para fijar el IPC no considera a los adultos mayores, por lo que cada año perdemos alrededor de un 5% de beneficios en nuestras pensiones.
Pensamos que esa trágica realidad que nos afecta, pudo mejorar cuando a raíz del debate producido en el Senado cuando se discutió el 7%, el ministro de Hacienda se comprometió a enviar un proyecto de ley mediante el cual se rebajaría a todos los jubilados, sin excepción, el 2% que de ese 7% se destina a las licencias médicas de los trabajadores activos.
Ese compromiso aún no se ha cumplido, pese a los anuncios del Gobierno que aplicaría políticas especiales para este sector. Esperamos, que esta vez seamos escuchados.