Otra vez en el tapete la situación que afecta gravemente el proceso de rehabilitación de los jóvenes afectos a la ley 20.084 (Ley de Responsabilidad Juvenil), dependientes de los Centros penales de San Bernardo y Puente Alto.
Recientemente se conmemoró el quinto aniversario de la puesta en marcha de dicha ley, en lugar de haber sido un magno evento y ocasión propicia para potenciar dicha ley se celebró – casi entre gallos y media noche- en un pasillo del Centro de Justicia, del edificio C.
Bastan pocas palabras para indicar el “interés” que se demuestra al respecto.
Probablemente sea la razón de fondo que deja claramente establecido el porqué de la sobrepoblación, basta una mínima enumeración: baños inmundos y húmedos, ausencia de agua caliente, pandillas líderes negativas, falta de iluminación, hacinamiento, descuido de las celdas, etc. Algunas de estas falencias fueron detectadas por la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes de la Región Metropolitana.
Muy valioso sería que esta misma comisión extendiera sus visitas, observación y análisis hacia el resto de lo centros privativos de libertad del país. Estamos ciertos que no menor sería la sorpresa, al descubrir que estos vicios, despreocupación e indiferencia se repiten y quizás con mayor profundidad.
¿Cómo puede ser posible que no existan violentas bandas y agresión continua con riesgo de muerte, en ambientes cómo los descritos?
Hemos insistido -y valga la redundancia- ante Ministerios, Congreso Nacional, Seminarios, políticos, personalidades públicas y privadas, etc., que tratar a estos jóvenes, al interior de algunos de estos Centros como animales y ser llamados por apodos, que los estigmatiza y les trae a la memoria su entorno delictual, sus carencias, la miseria humana y la falta de identidad, viene a ser un atentado contra sus derechos ciudadanos.
¿Será que ahora una Comisión Investigadora que vertió a la luz pública una información lapidaria, las autoridades pertinentes asuman de una vez por todas un protocolo, que ofrezca debidamente procesos de rehabilitación y recuperación de quienes han delinquido?
A nuestro juicio creemos que todo esto será más de lo mismo y con algunas justificaciones, unas mejores, otras peores, y estas personas que viven en privación de libertad seguirán sin ver los amaneceres de la esperanza, sometidos a las humillaciones, malos tratos, espacios reducidos y nauseabundos y desde sus celdas húmedas y oscuras sólo podrán ver los lúgubres días que pasan monótonos por sus vidas.
Sin embargo, a pesar de lo que hemos dicho, creemos en la fuerza originaria de las familias y las invitamos a ponerse de pie, a exigir sus derechos, a que tengan confianza, porque la unión y la lucha por sus hijos fructificará.