Durante los días 12 y 13 de junio se entregaron los resultados del Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle durante el seminario “En Chile todos contamos”. El catastro se realizó durante el invierno del año 2011, en todas las regiones del país, en un esfuerzo conjunto del ministerio de Desarrollo Social, el Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado, organizaciones de la sociedad civil que abordan la problemática y voluntarios.
Respecto de esta iniciativa es importante detenerse en el fondo y en la forma.
Primero, se presentó como “segundo catastro”, en relación al realizado en 2005. No obstante, éste se desarrolló metodológicamente de manera distinta (el 2005 se consideraron sólo las 80 comunas más grandes de Chile) por lo que no es posible comparar datos de fondo, los que hubieran permitido evaluar el impacto de los planes y programas desarrollados durante estos años.
El segundo catastro viene a “(re)descubrir” la extensión y características de esta problemática social, haciendo tabla rasa de la experiencia acumulada, de las intervenciones desarrolladas y de los desafíos pendientes.
En segundo lugar, la cifra final de 12. 225 personas catastradas (725 niños y niñas) en un país con más de 17 millones de habitantes, nos obliga a mirar responsablemente la dimensión de esta realidad: es una cifra estadísticamente poco significativa que, no obstante, moviliza una cantidad importante de recursos de parte del Estado y desde la sociedad civil, lo que lleva a preguntarse si es una situación que está siendo abordada con claridad y eficiencia, tanto en las acciones desarrolladas como en la asignación de los recursos destinados para ejecutarlas.
Ciertamente cada historia detrás de un número es de un valor insoslayable y desde una perspectiva de derecho nos obliga a emprender todas las acciones necesarias para que cada una de ellas acceda a las oportunidades, bienes y servicios disponibles en nuestro país.
Pero también es necesario evaluar el real impacto de los esfuerzos hasta ahora realizados, (re)definir el rol de las organizaciones de la sociedad civil que intervienen y la relación que estas han establecido con el Estado a partir de la transferencia directa de recursos.
Es necesario no sólo saber quiénes son y dónde están las personas en situación de calle: hay que saber, además, quiénes intervienen, qué recursos movilizan, qué acciones se emprenden y cuáles son los mecanismos de evaluación. Es necesario observar a los observadores.
De otro modo, nos encontraremos administrando una “bolsa razonable de pobreza” que recauda y hace circular millones de pesos y palabras, mientras las “situaciones” de calle se prolongan durante años y las personas sólo son datos de gestión que esperarán hasta el próximo conteo, con sus 42 preguntas correspondientes.