Margarita tiene 84 años, carga con grandes dificultades económicas y vive sola en un pequeño departamento en Puente Alto. Su único ingreso es la pensión básica solidaria (alrededor de 78 mil pesos), pero debe pagar mensualmente un crédito, por lo que no le alcanza para cubrir sus deudas, y mucho menos para costear implementos que necesita por su avanzada edad, algunos tan básicos como sus pañales.
Su historia emocionó a la audiencia en un matinal hace unos días; no obstante la gran conmoción que generan estos reportajes cuando aparecen en los medios se contrapone con la invisibilización de esta problemática en la agenda política.
Casos como el de Margarita se cuentan por cientos de miles, pero la oferta del sistema público de atención hacia ellos es insuficiente y de baja cobertura.Por esto, es imperioso el anuncio de una política pública nacional para este 21 de mayo, que aborde de una vez esta silenciada realidad.
María, de 65 años, es otro claro ejemplo, vive en una vivienda social de Renca junto a sus dos hijas y nietos.Es oxígeno dependiente desde hace 5 años, por lo que su hija menor trabaja a tiempo parcial para encargarse de su cuidado. Actualmente María no recibe pensión alguna y el deterioro que le ha provocado su enfermedad hace que requiera una atención especializada, que su familia no puede pagar.
La población de Chile está envejeciendo. Según la Encuesta Casen 2009, los adultos mayores que viven en condiciones de alta vulnerabilidad llegan a más de 550 mil.
De ellos, al menos 36 mil tienen altos grados de dependencia y potencialmente requieren una alternativa de cuidado bajo la modalidad de residencias; pero, lamentablemente, hay una reducida cobertura estatal y la atención total entre todas las fundaciones sin fines de lucro alcanza a cerca de 9 mil camas.
Para los adultos mayores autovalentes o con grados de dependencia leve existen menos de 20 mil cupos entre los programas ambulatorios estatales y de la sociedad civil, aunque la población que requeriría asistencia sobrepasa los 128 mil. Estas brechas en la atención hacia los adultos mayores son un estigma sangrante de la sociedad chilena. Es imperioso que como país nos hagamos cargo de ellas lo antes posible.
La frágil situación económica de instituciones de la sociedad civil -como el Hogar de Cristo- hace difícil de sostener iniciativas de ayuda que hasta ahora han sido centrales, debido a los altos costos que estos programas significan: las residencias de larga estadía bordean los $450.000 mensuales, los centros diurnos $110.000 y los programas domiciliarios $80.000 por adulto mayor al mes. Costos que son cuantiosos para las fundaciones e impagables para las familias más modestas.
Como institución hemos realizado propuestas en distintas instancias estatales para mejorar este escenario, por lo que estamos expectantes que para esta cuenta anual el Presidente anuncie una Política Pública para el Adulto Mayor, que promueva un enfoque de derechos para la protección de este grupo.
Ésta debe ser capaz de afrontar la problemática en su conjunto, entregando más recursos, pero también implementando dispositivos territorializados, que atiendan las distintas complejidades que enfrentan los adultos mayores; más allá de concentrar la preocupación sólo en la responsabilidad de los hijos para con los padres, como plantean algunos.