Parece ser, por los antecedentes que se conocen, que la ley 20.084, ha sido un gran fracaso.
Nos encontramos con jóvenes entre los 14 y más años, en los centros privativos de libertad -adaptados supuestamente- para cortar la carrera delictual, y que la iniciaron a muy temprana edad. No podemos olvidar que aquel era el objetivo fundamental de la ley en cuestión, sin embargo a menudo la realidad nos muestra lo contrario.
Es decir jóvenes afectos al sistema semi-cerrado y cerrado, cuentan con una o más sanciones que contempla dicha ley, evidenciando que no hubo, ni hay, reinserción, corrección, ni menos rehabilitación.
Todo el abanico de intervenciones no punitivas no logran el objetivo central, ya que estos mismos jóvenes, terminan en sistema cerrado cumpliendo largas condenas.
Más grave todavía es cuando aquellos que habiendo sido sancionados como adolescentes y bajo el amparo de la ley juvenil, cometen uno o más delitos como adultos, mientras gozaban de algún beneficio.
En estos casos la contaminación criminógena, de los que están bajo el paragua de la ley 20.084 es dramática, ya que esos jóvenes, una vez que cumplen la pena como adultos, deben volver a dar cumplimiento a la sanción inconclusa impuesta por dicha ley.
Lamentablemente esta idea foránea, de alguna manera obligada, para seguir los lineamientos de la legislación internacional, derivó en un sistema de maquillaje con cuantiosos gastos, pero carente de espíritu y de alma.
Al final del camino, cualquier persona, que conoce de lo que estamos hablando debería reconocer hidalgamente y con humildad, que el paso por uno de estos centros juveniles, no es más que estar en una mediocre hotelería, y con mínimas posibilidades de reinserción en la sociedad.