Cada vez que un accidente de tránsito con múltiple víctimas ocupa los titulares de la prensa nos acordamos de que estos incidentes son cotidianos. Entonces aparecen las voces que hablan de cambiar la normativa, de endurecer las sanciones y aumentar la fiscalización.
Sin embargo, cualquier análisis de lo que ocurre en materia de seguridad vial en Chile debe partir de la base de que estas tragedias pueden disminuir en número, pero siempre ocurrirán.
De hecho, según los datos de Carabineros y CONASET (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito), la tasa de mortalidad por cada 10 mil vehículos en el país bajó de 11,9 en 1993 a 4,7 en 2010.
En otras palabras, hoy con mayor cantidad de vehículos circulando, proporcionalmente tenemos menor número de fallecidos. Con estas cifras debiésemos preguntarnos si la solución es cambiar toda la normativa radicalmente, o perfeccionarla y concentrarnos en el rol del Estado y de los ciudadanos para evitar que un accidente termine con la muerte de personas.
Cualquier normativa por sí misma no asegura un cambio o un mejoramiento del sistema, sino que éste se da en la medida en que esa norma se instale en la comunidad.
Para lograr esto, el Estado debe cumplir con su rol, no sólo fiscalizador que es esencial, sino que además inculcar en los ciudadanos el sentido y el propósito de los reglamentos.
Las autoridades antes de poner en jaque la regulación debiesen preguntarse por qué las campañas de prevención no están siendo efectivas.
Para aterrizar este concepto, pensemos en el caso del cinturón de seguridad, cuyo uso está normado por ley, y su incumplimiento es considerado una falta grave. Basta mirar los datos del Estudio de Caracterización de conductores, pasajeros, peatones y ciclistas de las ciudades de Curicó, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt 2011, para darnos cuenta de que algo se está haciendo mal.
La encuesta señala que sólo un 3,5% de los pasajeros de vehículos livianos, camionetas, taxis y taxis-colectivos utiliza esta medida de protección. Inevitablemente esto nos habla de que los resultados no son culpa de la norma, sino que las estrategias utilizadas no son las adecuadas y requieren de una reformulación.
Lo anterior cobra mayor importancia a la luz de las cifras del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) que revelan que entre 2000 y 2010 el crecimiento del parque automotriz fue de casi un 60%. Es decir, las campañas y esfuerzos para educar a la población deben ser permanentes porque el uso de vehículos es cada vez más masivo.
Así como el Estado no debe buscar la solución del problema sólo en el cambio de la norma, los ciudadanos debemos ser responsables y hacernos cargos de nuestro autocuidado.
Tenemos la obligación de tomar las medidas para proteger nuestra vida y la de nuestra comunidad, exista o no un reglamento, sanciones o fiscalización.