Tras la Teletón se generó un debate acerca de la pertinencia de que existan fundaciones de beneficencia que se hagan cargo de diversas problemáticas sociales.
La gran convocatoria solidaria del pasado fin de semana no es casualidad, es fruto del trabajo conjunto de la sociedad civil organizada, empresas privadas y Estado; un triángulo virtuoso que sin duda ha aportado a mejorar la calidad de vida de los más excluidos de nuestro país. El llamado “tercer sector” juega una papel importante en Chile: representa un 1,5% el PIB e involucra a más de 300 mil trabajadores y voluntarios.
¿Este rol de la sociedad civil debería disminuir en la medida que aumenta el desarrollo del país? Creemos que no. Las organizaciones sin fines de lucro tienen la autonomía y la agilidad para ingresar a aquellas áreas que para el mercado y el Estado son invisibles.
Además, son un aporte en términos de innovación y promoción de políticas públicas de largo plazo para los segmentos vulnerables.
Cada sector debe potenciar sus habilidades y particularidades, en pos de mejorar el bienestar de todas las personas. El Estado cumple un rol fundamental como garante de derechos, además de ser el principal responsable del diseño, implementación y evaluación de políticas sociales.
También es crucial el papel de la empresa privada en la generación de empleos con mayor dignidad e incorporación de nuevas fuerza de trabajo, como las mujeres y los jóvenes. Por su parte, las organizaciones sociales deben ser un puente para que la ciudadanía comparta la responsabilidad de restaurar, por justicia, aquellos derechos vulnerados de los grupos más pobres o con capacidades diferentes.
Las profundas desigualdades de nuestro país, que limitan el desarrollo, son producto de la poca interacción entre las diferentes esferas que intervienen en el ámbito público.
No es menor que Chile sea el país con mayor desigualdad de ingresos de la OCDE, donde el 10% más rico de la población gana 27 veces más que el 10% más pobre. Esto se reafirma con los datos entregados por el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, donde Chile baja del puesto 44 al 55 si se ajusta al factor de desigualdad, principalmente por las inequidades en ingresos, educación y salud.
En este contexto, el rol la sociedad civil organizada, las organizaciones sociales y las fundaciones debe seguir fortaleciéndose y convocando a las personas naturales para hacerlas parte de la construcción de una sociedad justa y más igualitaria.
De hecho, según la OCDE, Chile se ubica en el lugar número 19 de 40 países en término de conductas pro sociales. Las ONGs pueden y deben seguir aportando -junto al mercado y al Estado-, soluciones eficientes para mejorar el bienestar de los ciudadanos de manera equitativa.