Cada cierto tiempo nos estremecen noticias sobre adultos mayores abandonados que sobreviven en condiciones precarias y sin los cuidados necesarios.
Esta semana la conmoción vino de la mano de un incendio en una residencia de adultos mayores en Cañete, que dejó nueve personas muertas, varios con daños en su salud y una comunidad alarmada por esta tragedia y sus consecuencias.
Sin embargo, no nos podemos quedar en la conmoción. Envejecer en Chile hoy no es un camino fácil. Las proyecciones son claras: nuestro país se envejece y la vejez es un período cada vez más largo. Realidad que requiere ser abordada hoy con sentido de urgencia.
Quienes disponen de recursos, cuentan con previsión y redes familiares, pueden proyectar esta etapa con cierta tranquilidad. Pero cuando la realidad económica y social es más deficitaria, la vejez se transforma en una amenaza para familias que muchas veces se ven obligadas a abandonar a sus adultos mayores, porque no pueden asumir esa responsabilidad.
Nuestro país no cuenta con una política de envejecimiento que asegure y proteja a la población mayor que vive en situación de pobreza y dependencia. Por ende, su atención queda en manos de la capacidad que tengamos las distintas organizaciones de la sociedad civil, que ciertamente es insuficiente en cobertura y demanda fuertes esfuerzos económicos.
Es fundamental que el Estado chileno tome en sus manos la tarea de acompañar a las personas mayores y disponga de una red integral de apoyo, tanto para ellos como para las familias que asumen su cuidado.
Por ello, estamos expectantes ante las medidas que puedan tomarse desde el nuevo Ministerio de Desarrollo Social.
En nuestra experiencia, hemos comprobado que los dispositivos ambulatorios son una alternativa efectiva para prevenir y detectar enfermedades o situaciones de maltrato; a través de programas de atención domiciliaria y centros diurnos, que permiten fortalecer sus capacidades sociales, físicas y mentales; prologando así sus niveles de funcionalidad y autonomía.
Paralelamente, las residencias de larga estadía, cuyo costo de atención supera los 400 mil pesos mensuales por persona, deben estar focalizadas en adultos mayores que, por su deterioro y falta de redes, no tienen otra posibilidad más que la internación.
Este servicio, que debiera estar asegurado por el Estado, actualmente está en manos de fundaciones de beneficencia que -al no contar con financiamiento, ya sea a través de subsidios o transferencias estatales- nos vemos obligadas a cerrar programas o reducir cobertura, perjudicando a la población más pobre y con menos posibilidades de valerse por sí misma.
Es urgente que como país asumamos la necesidad de una política pública de envejecimiento.
Existen actores de la sociedad con experiencia, propuestas y modelos de trabajo probados que podemos replicar a nivel nacional. Y, lo más importante, hay más de 220 mil adultos mayores viviendo en pobreza, a quienes no podemos darles la espalda.