Es probable que en el curso de las próximas semanas vea la luz la ley denominada Fondo Nacional de Medicamentos Ricarte Soto, en recuerdo y homenaje a ese periodista que falleciera producto de cáncer al pulmón y que diera una lucha por lograr que los medicamentos para enfermedades catastróficas y de escasa presentación no fueran tan onerosos. Terapias que van desde los 200 mil pesos mensuales al millón 400 mil representan la diferencia entre la vida o la muerte, entre una vida digna o llena de sufrimiento para el paciente y su familia.
Apoyo con todo la propuesta legal, pero sin lugar a dudas no se trata de una solución final al problema de salud que enfrenta la ciudadanía.
Divididos entre los que pueden pagar una Isapre, con altos costos mensuales o ser cotizante de Fonasa, la salud se ha transformado en un bien de consumo al que se debe hacer frente de forma individual en el sistema privado o de forma más precaria en el sistema público. Minsal y los municipios son los que deben dar soluciones a los chilenos adscritos al sistema público.
La salud primaria es el área que debemos abordar en las municipalidades. Asumí la comisión de salud de la Asociación Chilena de Municipalidades a comienzos de año y, en esa calidad, sólo he podido corroborar lo que para mi era evidente desde hace años. Los municipios, en su conjunto, aportan al sistema de salud municipal 90 mil millones de pesos al año, cifra claramente insuficiente.
A la falta de recursos con que las comunas deben enfrentar la salud de sus habitantes se suma una infraestructura muchas veces deficitaria u obsoleta y personal altamente motivado, pero tremendamente mal pagado. Por lo mismo falta de especialistas y, en no pocos lugares, hasta de los insumos básicos.
Los remedios son otra parte de esta cruda realidad. El alto endeudamiento de las municipalidades resultado de las cada vez más extensas obligaciones, las que no vienen financiadas por el nivel central, origina que muchos proveedores ya no entreguen sus productos o que éstos no sean suficientes para cubrir a la población asignada. La espera de horas para poder surtir una receta que cubra la indicación médica llena de ira a los usuarios y con razón.
Por eso afirmo que la Ley Ricarte Soto es buena, pero que está lejos de significar una solución para los chilenos y chilenas que deben atenderse en el aparato público.
Nueva infraestructura, recursos para mejorar la situación de los trabajadores del sector, para captar y retener especialistas, para surtir las farmacias de los centros de salud son tareas que el país debe asumir.
Estamos en el término de un período presidencial, en pocas semanas más deberemos decidir la persona que rija los destinos de la nación, por ello llamo a quienes tienen opciones claras de detentar el poder abordar esta situación con urgencia. No podemos seguir diciendo a nuestra gente que…¡no hay remedio!